El operador francés Free se ha negado a enviar la primera oleada de advertencias a los usuarios que emplean sus conexiones para descargar contenidos protegidos por copyright, haciendo justo el contrario que las demás empresas que ofrecen servicios en el país vecino.
La ley de los tres avisos
La ley antipiratería, conocida como Hadopi o de "los tres avisos" y que podría servir de ejemplo para otros muchos países, consiste en que los proveedores de servicio (ISP) deben entregar las direcciones IP de los usuarios que infringen el copyright a una asociación (que precisamente se llama Hadopi) creada para velar por los derechos de autor. En principio, y según los organismos oficiales, las tecnologías de detección abarcan más allá de las redes P2P.
Luego, los "sospechosos" reciben un correo electrónico en forma de advertencia, de que si la actividad de descarga continúa, pueden verse implicados en una denuncia judicial.
Si el usuario sigue utilizando su conexión para bajarse ficheros con copyright durante los seis meses siguientes, recibe un segundo correo conjuntamente con una carta certificada. A la tercera infracción, puede cortarse el acceso a Internet durante un año e imponer una multa.
Free dice que tiene la ley de su parte
La primera oleada de correos electrónicos, prevista para el pasado lunes día 4 a las 10.30 horas, ya ha sido enviada por Bouygues, Numéricable, Orange y SFR, pero no por Free, que ha decidido no hacerlo.
La operadora "rebelde" declaró que para iniciar el proceso, propusieron un acuerdo con el gobierno francés para tratar la información personal de los infractores de forma electrónica, aunque no han tenido ningún avance en este aspecto. De hecho, Free envió las direcciones IP de los usuarios que descargaban contenidos protegidos por correo postal.
Además, un artículo de la ley definía un sistema automatizado para tratar esta información que se condicionaba a un acuerdo con los operadoras, contrato que no se ha firmado por el momento. Con esto, Free se siente totalmente autorizado a seguir con su postura, ya que nada les obliga legalmente a enviar las notificaciones.
Las reacciones del sector de la música no se han hecho esperar, criticando desde el Sindicato Nacional de Edición Fonográfica la actitud del operador, que tachan de inadmisible, y les acusan de estar infringiendo la ley, y de distorsionar la competencia del sector.
