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El lobby de los operadores con red propia intenta que los candidatos políticos se lo piensen dos veces antes de hacer promesas relacionadas con la Sociedad de la Información. En un documento elaborado por la asociación formada por Telefónica, Vodafone, Orange y Ono, se recuerda algunos fracasos de redes públicas promovidas por la administración y sugieren que es preferible que los ayuntamientos faciliten la inversión privada.

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Ono, Orange, Telefónica y Vodafone, representadas por Redtel, acusan al Gobierno en un comunicado de utilizar "estratagemas" para conseguir que paguen más de 150 millones de euros antes del próximo 6 de octubre para financiar RTVE, a pesar de que la Comisión Europea ha amenazado con llevar a España a los tribunales si lo hace.

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La directora general de Redtel despeja cualquier duda sobre si la regulación de las descargas obligará sólo a los miembros de su asociación y no al resto de operadores minoritarios. La asociación que reúne a los cuatro grandes operadores de telecomunicaciones cree tener la solución para las "descargas ilegales": "si lo encuentran en la Red de forma legal y atractiva, desaparecería el problema".

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Francisco Roman, presidente de Vodafone en España, deja caer en una entrevista algunos detalles sobre la posición actual de Redtel respecto a la nueva normativa que prepara el gobierno para regular las descargas. Según sus palabras, las operadoras están dispuestas a "cooperar" por que entienden que "hay un problema" que resolver. Sin embargo su papel se limitará a "recibir instrucciones".

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Telefónica, Vodafone, Orange y Ono, representadas por Redtel, habrían aparcado sus diferencias con las entidades de gestión y estarían de nuevo negociando con La Coalición un acuerdo para adoptar una posición común sobre las descargas, ante la inminente aprobación por parte del Gobierno de una reforma legal que dejaría a las descargas fuera de la ley. Redtel desmiente esta información.

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El presidente de la asociación que representa a los principales ISP ha dicho que no volverán a sentarse con la industria de contenidos para negociar medidas contra el intercambio de archivos y que tendrá que ser el Gobierno el que legisle este asunto.

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Desde hace semana y media, el gobierno tiene sobre la mesa dos documentos que recogen el acuerdo alcanzado entre La Coalición y Redtel para frenar las descargas de material con derechos de autor en España.

Estos documentos parecen ser el origen de la multitud de informaciones publicadas la semana pasada por la prensa. Lamentablemente, en este asunto de vital importancia para la regulación de Internet en España, no se ha contado con los principales afectados, los internautas, así que para hacernos una idea aproximada de lo que está ocurriendo, tenemos que montar un puzzle con el goteo de información que se ha publicado estos días.

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Los proveedores de Internet consideran imprescindible para llegar a un acuerdo con La Coalición, que se ofrezca a los usuarios "una oferta de contenidos atractiva y de calidad" a precios competitivos, ya que las sanciones económicas o el corte del acceso a Internet de los usuarios que se descarguen contenidos protegidos no resolverá el conflicto. Según Redtel, se está tratando de "criminalizar a las redes y a sus usuarios", en vez de entender la evolución de Internet como una oportunidad para el mundo de los contenidos y como un escenario propicio para la creación de nuevos negocios.

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La última propuesta que hay sobre la mesa de negociación deja de lado el modelo francés de notificación a los usuarios que descargan y se centra en atacar a los que suben el material a la red. Las páginas de elinks y descarga directa, así como los principales seeders serán el blanco de la Comisión de Desarrollo y Control de Contenidos Digitales.

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El presidente de la Sociedad General de Autores y Editores, Eduardo Bautista, ha declarado en la feria musical MIDEM que la SGAE está "en la ultima fase de firmar un acuerdo con REDTEL, bastante parecido al modelo francés de concertación con participación del Ministerio de Cultura y el de Industria en la búsqueda de un punto de equilibrio entre los intereses del consumidor y las operadoras". Redtel agrupa a Telefónica, Vodafone, Orange y Ono.

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