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La cruzada de Promusicae contra los usuarios de P2P ha recibido un nuevo revés, esta vez por parte de la Audiencia Nacional, a la que la industria discográfica pidió autorización para recopilar direcciones IP de usuarios que intercambian archivos mediante programas P2P con el fin de solicitar su desconexión de internet.

Esta semana fue aprobada la polémica 'ley Sinde'. Una vez publicada en el Boletín Oficial del Estado, el Ministerio de Cultura iniciará el desarrollo normativo de la ley antidescargas, que podría ponerse en marcha de forma operativa el próximo verano. Entretanto, un juez de Barakaldo dictó el pasado 11 de febrero la primera sentencia tras un juicio penal completo en la que se establece que enlazar a contenido protegido por derechos de autor no es delito. Eso sí, el juzgado nº1 de lo penal de dicho municipio advierte que para cuando comience a aplicarse la 'ley Sinde', entonces sí pueda quedar definido como delito "el concepto de servir contenidos".

La primera entrega de la "oferta legal del contenidos" que prepara la industria cultural, llegó ayer de la mano de las discográficas agrupadas en Promusicae con la presentación en el Ficod de la web elportaldemusica.es. Las últimas novedades musicales del mercado ya pueden escucharse en streaming e incluso si te lo propones, descargarse en formato mp3 de forma sencilla y legal.

El Presidente de Promusicae se muestra muy duro con los usuarios que realizan descargas de música sin pagar por ellas y acusa a los usuarios de conexiones de banda ancha de creer que con pagar la factura del ADSL ya tienen "un pase VIP gratuito para acceder a todos los contenidos sin pasar por la taquilla".

Según publica El País, en una reunión en la que han estado presentes los responsables de las discográficas Warner, Emi y Música Global, Charlie Sánchez, Simone Bosé y Salvador Cufi, el presidente de La Federación Internacional de Productores Fonográficos (IFPI), John Kennedy y Antonio Guisasola, presidente de Promusicae, se ha acordado reclamar al Gobierno una legislación que les proteja contra la piratería y no descartan medidas tajantes como el corte del acceso a internet a quienes realicen descargas ilegales.