Este fin de semana transcurre la jornada 26 del Campeonato Nacional de Liga de Primera División, con varios partidos muy relevantes en términos de audiencia potencial y eso implica que el equipo de LaLiga Content Protection, bajo las órdenes directas del mismísimo Javier Tebas, transfiere a las principales operadoras del país su listado actualizado de destinos en internet que bajo su criterio deben ser bloqueados.
La última campaña de bloqueos indiscriminados ejercida por LaLiga y Telefónica para perseguir las emisiones piratas durante los partidos de fútbol, podría tener las horas contadas si sale adelante la solicitud presentada por un grupo de afectados ante el juez que autorizó las medidas.
El país sigue asistiendo atónito al destrozo de la conectividad que se produce intencionalmente con ciertos destinos en internet durante los partidos de fútbol. Los promotores del bloqueo, LaLiga y Telefónica, buscan de esta forma proteger sus intereses económicos al tratar de impedir el acceso a las emisiones de fútbol pirata. Para ello tienen en su punto de mira más de cien direcciones de tipo IPv4, que dada su escasez son compartidas por miles de usuarios. Entre ellos está su objetivo enemigo, aunque el resto también sufre el bloqueo.
La jornada 25 del Campeonato Nacional de Primera División arrancaba el viernes 21 de febrero a las 21:00 horas de la tarde y se desarrollará hasta el siguiente lunes. A lo largo de estos 4 días hay programados 10 partidos de fútbol y esto, que debería ser una buena noticia para los aficionados, lamentablemente para el resto del país significa que se avecinan problemas para el funcionamiento de internet.
La activación masiva del protocolo ECH no ha sentado nada bien entre los equipos de LaLiga y Telefónica que se encargan de dirigir los bloqueos con respaldo judicial de las webs que reproducen sus contenidos sin permiso.
Cloudflare pone a trabajar a su maquinaria legal para responder en los tribunales a los bloqueos que LaLiga orquesta desde hace unas semanas y que impide acceder con normalidad a las webs que emplean los servicios de la red CDN desde España, gracias a la colaboración de los grandes operadores de internet. Con el objetivo declarado de impedir las retransmisiones del fútbol pirata, LaLiga ordena bloquear direcciones IP que son utilizadas también por miles de servicios legales, sin tener en cuenta el daño que se produce a consumidores y empresas.
Dejamos atrás un fin de semana en el que los usuarios de internet han sufrido de nuevo la rotura intencional de la conectividad con destinos populares como la red CDN de Cloudflare y el servicio de alojamiento de repositorios de código GitHub.
El destrozo en la conectividad de internet que impide desde las redes de las principales operadoras españolas acceder a miles de webs legales para proteger los intereses comerciales de LaLiga y su socio Telefónica, ha continuado durante la jornada número 24 de la competición del fútbol nacional.
Media internet y las redes sociales arden desde que se supo que detrás del mal funcionamiento de internet desde varios proveedores de internet españoles, con Movistar a la cabeza, están los intentos de LaLiga de bloquear el acceso al fútbol pirata. Al ordenar el bloqueo de direcciones IP pertenecientes a la red CDN de Cloudflare, la patronal de los clubes dejó inaccesibles a miles de webs legítimas que no tienen ninguna relación con la piratería y que están sufriendo perjuicios económicos al no poder realizar su actividad con normalidad.
LaLiga y Telefónica han llevado la persecución de la piratería del fútbol en internet a límites que nadie pensaba que podían alcanzarse. Sus últimas medidas bloqueando direcciones IP de Cloudflare y otros CDN populares, que se comparten con muchos otros servicios legítimos, están afectando a particulares y dañando económicamente a empresas completamente ajenas a la piratería, que bien no pueden acceder a servicios esenciales para su actividad o no pueden recibir las visitas de los usuarios en sus sitios web. Coincidiendo con los bloqueos, se han reportado caídas de visitas en tiendas online de hasta el 30% e interrupciones en servicios de pago críticos como Redsys.
Pronto hará un año del extraño episodio vivido en nuestro país en marzo de 2024, en el que durante un fin de semana el país contuvo la respiración sabiendo que en cualquier momento Telegram podía dejar de funcionar. El juez Santiago Pedraz había ordenado a las operadoras de telecomunicaciones el bloqueo de sus servidores, atendiendo a la petición de Mediaset, Atresmedia y Movistar Plus+ para cerrar varios canales de la app de mensajería en los que se difundía sin permiso sus contenidos. Finalmente, la cordura se impuso y ante el revuelo causado el juez canceló la orden al tomar conciencia del impacto de su decisión. Se estimó que afectaría a más de 8 millones de usuarios sin ninguna relación con la piratería y produciría daños económicos, por lo que el bloqueo era "excesivo y no proporcional".
La guerra contra el fútbol pirata se recrudece para seguir protegiendo a toda costa los intereses de algunas entidades privadas. Impedir el acceso a determinados contenidos parece ser ahora mismo la prioridad número uno para las grandes operadoras, a pesar del daño económico colateral que se está causando a particulares y empresas, que no pueden utilizar desde su conexión servicios legítimos necesarios para desarrollar su actividad con normalidad.
LaLiga cuenta desde el inicio de la temporada de fútbol 24-25 el pasado agosto, con un cheque en blanco de la justicia para obtener la identidad de las direcciones IP que descubre accediendo a la señal de partidos de fútbol mediante streaming P2P.
A la hora de proteger nuestra conexión a internet de miradas indiscretas, bien por estar fuera de casa utilizando una wifi pública, por necesitar acceder a una web que nuestro proveedor de internet mantiene bloqueada, o para evitar ser rastreados por terceros, Warp de Cloudflare es la opción más sencilla y económica.
El Ministerio de Cultura, Consumo, la administración de justicia y empresas privadas con autorización judicial, son algunas de las entidades que periódicamente ordenan a las operadoras de telecomunicaciones que impidan el acceso desde sus redes a determinados sitios web considerados ilegales.
