Hablamos mucho de los bloqueos de LaLiga, justificadamente por ser los más agresivos y afectar a miles de webs legales cada fin de semana con fútbol, pero antes que ellos, la Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual era el organismo que llevaba la batuta a la hora de prohibir el acceso a webs que no respetan la propiedad intelectual.
Las grandes operadoras no solo aplican por obligación en sus redes los bloqueos que ordena LaLiga los días que hay fútbol, sino que son parte interesada en que estos se produzcan. A pesar del evidente daño a terceros sin relación con la piratería que se produce cuando se bloquean IPs de servicios CDN (práctica prohibida en Italia), como Cloudflare y BunnyCDN, compartidos por miles de webs, las operadoras han elegido situarse del lado de los intereses comerciales de la industria del fútbol.
Empresas, profesionales y usuarios particulares llevan sufriendo desde febrero la campaña de bloqueo de IPs con la que LaLiga y su socio Telefónica buscan frenar las retransmisiones piratas de partidos de fútbol. Al pertenecer en algunos casos las direcciones a servicios compartidos como la red CDN de Cloudflare, miles de webs legítimas se ven afectadas cuando estos se activan.
LaLiga consiguió la semana pasada en los tribunales una de sus grandes victorias, al rechazar el juez los dos incidentes de nulidad que presentaron Cloudflare y RootedCON, con los que se buscaba parar los bloqueos que se producen desde febrero cada fin de semana durante los partidos de fútbol y que afectan a numerosas webs sin ninguna relación con la piratería.
Los fines de semana de Javier Tebas están dedicados íntegramente a la lucha contra la piratería en internet de los contenidos de la organización que preside: LaLiga. Junto con "un equipo de hackers que trabajan para el bien" se encierra los sábados y domingos a partir de las 12 de la mañana y hasta las 12 de la noche en una habitación de guerra, con una gran pantalla, para "matar marcianos", que es como él llama a la detección y bloqueo de direcciones IP que participan en la difusión sin permiso de su señal.
Aunque han corrido ríos de tinta sobre los efectos colaterales de los bloqueos que ejecuta LaLiga cada fin de semana durante los partidos de fútbol, sobre todo en medios especializados en tecnología, desde las instituciones la norma sigue siendo mirar para otro lado. Ello a pesar de que también algunos organismos estatales, como la Real Academia de la Lengua, se han visto afectados.
Los bloqueos de LaLiga, que desde el inicio del mes de febrero cada fin de semana con fútbol impiden acceder a numerosas direcciones IP de Cloudflare y otros servicios en la nube, podrán continuar ejecutándose como hasta ahora.
Italia cuenta desde hace un año con uno de los sistemas centralizados de bloqueo de contenidos piratas más avanzados del mundo. Se trata de Piracy Shield, una plataforma de ámbito nacional que está gestionada por el regulador de las telecomunicaciones del país, Agcom, y que permite a los titulares de los derechos introducir en el sistema los nombres de dominio y direcciones IP que difunden sus contenidos sin permiso. En tan solo 30 minutos, los proveedores de internet deben bloquear el acceso a estos recursos a sus clientes.
Los bloqueos del fútbol destrozan cada fin de semana la conectividad de internet hacia decenas de destinos populares. La red de Cloudflare es la más conocida, pero lo cierto es que el listado original aprobado por el juez contiene los nombres de más de 47 empresas proveedoras de infraestructura menos conocidas. Además los listados pueden variar cada día de partidos con nuevas IPs relacionadas.
Que internet vaya mal los fines de semana y cientos de páginas web legítimas sin ninguna relación con la piratería estén bloqueadas durante los partidos de fútbol es la nueva normalidad en este país, tras mes y medio desde que empezaron a aplicarse las nuevas restricciones indiscriminadas por IP.
La sentencia de noviembre de 2024 que utilizan la Liga y Telefónica para ejercer sus bloqueos, les permite continuar su campaña hasta el final de la temporada anual del fútbol. Será el próximo 28 de mayo cuando finalice el calendario 2024/2025, por lo que todavía tenemos por delante 12 fines de semana en los que el funcionamiento de la red puede verse amenazado por las drásticas medidas que toman algunos operadores para que los bloqueos tengan efecto a pesar de la protección ECH y que, como daño colateral, se llevan por delante a otras webs legítimas.
Las dos iniciativas legales que persiguen dejar sin efecto la sentencia en la que se refugian la Liga y Telefónica para orquestar los bloqueos a la carta de IPs durante las retransmisiones de partidos de fútbol, siguen avanzando en su tramitación ante el Juzgado de lo Mercantil nº 6 de Barcelona, el mismo que autorizó el bloqueo y seguimiento de 123 dominios y direcciones IP que fueron reportados por ambas entidades como origen de la emisión de la señal pirata.
Como Movistar, MásOrange y Vodafone, Digi también está obligado a acatar el listado de bloqueos que desde la Liga le envían los días de partido, con los que estos dos titulares de los derechos del fútbol tratan de dificultar la difusión del streaming pirata.
La agresividad con la que Movistar aplica los bloqueos del fútbol, coordinados por LaLiga en alianza con Movistar Plus+, sigue dilapidando el prestigio de la marca como medio de acceso a internet fiable para empresas y profesionales que requieren una conexión de la máxima calidad.
Este fin de semana transcurre la jornada 26 del Campeonato Nacional de Liga de Primera División, con varios partidos muy relevantes en términos de audiencia potencial y eso implica que el equipo de LaLiga Content Protection, bajo las órdenes directas del mismísimo Javier Tebas, transfiere a las principales operadoras del país su listado actualizado de destinos en internet que bajo su criterio deben ser bloqueados.
La última campaña de bloqueos indiscriminados ejercida por LaLiga y Telefónica para perseguir las emisiones piratas durante los partidos de fútbol, podría tener las horas contadas si sale adelante la solicitud presentada por un grupo de afectados ante el juez que autorizó las medidas.
