Ya está aquí, además por la boca del Sr. Montilla: «El gobierno (sic) podrá impedir el acceso desde España a servicios o contenidos internacionales cuya interrupción o retirada haya decidido un órgano competente (???), cuando se apruebe la nueva ley para el Impulso (sic) de la Sociedad de la Información (??)». Tenemos la noticia en La Opinión de A Coruña y en CNN+.
No sólo no han abolido la pepera LSSICE, como habían prometido, sino que nos traen una nueva vuelta de tuerca más que no debe estar muy bien asegurada para que el sr. Montilla lo largue públicamente para, supongo, tranquilidad de terceras partes interesadas.
Esto ya tiene un precedente, bochornoso y ridículo, que no fue contestado en su día pues para ello escogieron un espinoso tema político. El juez Garzón dio orden, basado en la LSSICE (en una medida muy discutible judicialmente pero que nadie quiso recurrir, dado el tema) a los ISP españoles, que todos acataron sin chistar. Hecho y sentado el precedente, en el mejor estilo del famoso poema de Niemöller, ahora vamos a por el siguiente peldaño.
Leamos bien que no se habla ya siquiera de autoridad judicial (que no tiene competencia alguna fuera del ámbito de soberanía del Estado), sino de "órganos competentes", ni por supuesto de presentar denuncias en los países donde estén alojados esos contenidos, que sería lo normal; lo normal para un país que se dice un Estado democrático de derecho.
Por supuesto, las posibilidades de una legislación así son impresionantes. Pensemos, por ejemplo, en el P2P... ¿verdad?
Actualizado: Enrique Dans se moja. Acertado comentario en BP. Y en Microsiervos, "Ya decido yo solito".
