Agotadas en los registros regionales, las direcciones IPv4 son un bien cada vez más escaso a la vez que necesario. La compra-venta entre entidades privadas ha disparado los precios en medio de grandes operaciones protagonizadas por la nube. España es uno de los países más dependiente de este direccionamiento por la escasa implementación de IPv6.
Desde que el registro regional de internet para Europa, RIPE, asignó su último bloque de direcciones IP en noviembre de 20191, operadoras y otras empresas han continuado obteniendo direcciones gracias al mercado secundario de compra-venta, en el que las entidades que tienen direcciones asignadas a las que no les dan ningún uso las sacan a la venta.
Desde entonces y hasta finales de 2020 el precio de las direcciones IP individuales en este mercado ha oscilado entre los 20 y 25 €, sin embargo, con el inicio del 2021, la cotización entró en una escalada de precios que le ha llevado a duplicar su valor en 6 meses, llegándose a pagar a mediados de julio de 2021 unos 55 dólares por dirección IP en la plataforma IPv4.global2.
En medio de esta escalada, las grandes compañías de la nube no han dejado de acumular direcciones IP, cada vez más necesarias para acomodar el crecimiento de sus servidores cloud en los centros de datos repartidos por todo el mundo. La nube de Amazon, AWS, realizó la compra más grande de su historia el 12 de agosto de 20213, adquiriendo 16 bloques con un total de 5.505.024 direcciones IP, lo que al precio de cotización ese día equivaldría a una operación por valor de 269 millones de dólares. Con estos bloques en su poder, AWS es dueño del 1,76% de todas las direcciones IPv4 en el mundo con algo más de 65 millones, más que lo que posee un país como España.
¿Es la dependencia de IPv4 un riesgo para España?
En junio de 2021 España contaba con sólo 32 millones de direcciones IP asignadas a compañías y organismos ubicados en nuestro territorio, según datos de RIPE4, un número muy por debajo de vecinos como Francia con 82,5 millones o Italia con 55.
La amplia mayoría de direcciones IP españolas están en manos de proveedores de internet, siendo Telefónica el gran ipeteniente con 1 de cada 3 IP en el país, seguida de Vodafone y Orange. Esta situación permite a las grandes operadoras seguir dando servicio a sus clientes con cierta comodidad sin tener que dar necesariamente el paso a IPv6, la nueva generación del Protocolo de Internet que soluciona la escasez de direcciones. Esta podría ser una de las razones de que España se tome con tanta tranquilidad la implantación de IPv6, con solo un 2,4% de uso frente a Francia con un 45% o Portugal con 34%, según los datos de la red de distribución de contenido CDN Akamai5.
Mientras tanto las operadoras más jóvenes como Digi o MásMóvil tienen que recurrir a CG-NAT y hacer que varios clientes compartan una misma dirección IP. La dependencia de IPv4 también nos ha convertido en el país en el que más direcciones han cambiado de dueño desde el 2017, con un total de 2,460,928 direcciones, en su gran mayoría importadas de otros países.
Retrasar el paso a IPv6 puede obligar a las empresas españolas a tener que pagar un precio muy alto por la antiguas direcciones IPv4 a medida que el mercado sigue escalando y nuestra dependencia aumentando.
