La agenda de LaLiga para acabar con el fútbol pirata es cada vez más ambiciosa, contemplando atacar el problema desde todos los frentes posibles: desde el pirata hasta el aficionado pasando por los intermediarios.
El primer frente está en el origen de la señal pirata. Normalmente esta es obtenida mediante el llamado cardsharing. Participan abonados que pagan su cuota y acceden a la señal legalmente para reenviarla a la cabecera de IPTV piratas. Estas plataformas están gestionadas por organizaciones que comercializan su servicio con fines lucrativos, dando acceso al fútbol a precios mucho más bajos que los legales.
Cuando no es posible eliminar el origen por la vía jurídica, entra en juego el segundo frente: el bloqueo desde los intermediarios. Consiste en obligar a las compañías de la nube que los alojan a desactivarles el servicio. Cuando no lo hacen bajo las condiciones exigidas, entra en juego el famoso bloqueo. Las compañías ven sus IPs bloqueadas desde los principales proveedores de internet en España, lo que perjudica también a empresas y usuarios legítimos.
En el último eslabón de la cadena están los usuarios finales, aficionados que no quieren pagar el precio del fútbol y eligen alternativas ilegales. También ellos están en el punto de mira de LaLiga. El propio Javier Tebas afirmaba que "tan ladrón es el que emite la señal pirata como el que la ve o la compra a precios irrisorios", añadiendo que para él ver contenidos piratas es lo mismo que robar y por tanto el usuario final es un ladrón.
En febrero de 2024 LaLiga consiguió su primera victoria en los tribunales para atacar directamente a los usuarios finales. El juez autorizó que LaLiga facilitase a las operadoras un listado de IP correspondientes a servidores piratas para que estas entregasen de vuelta la identidad de los titulares de las líneas de fibra y móvil que habían accedido a ellas. El propósito declarado era identificar a los cardsharers, pero a pesar del comunicado con el que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) quiso calmar a la opinión pública cuando trascendió la noticia, Tebas dejó claro que su intención iba más allá.
Digi se opuso, aunque luego se retiró
Hoy hemos sabido que al menos 3 operadoras se llevaron las manos a la cabeza al conocer las verdaderas intenciones de LaLiga. Digi presentó al juez un escrito oponiéndose a la medida. Por su parte Orange y Vodafone solicitaron al juez que aclare si el objeto de la medida era identificar a los usuarios que ven el fútbol o solo a los que difunden la señal.
LaLiga confirmó entonces que su objetivo eran "todos los partícipes en la operativa «cardsharing», tanto de quienes redifunden la señal como de los usuarios finales". Los primeros se lucran obteniendo un beneficio económico, mientras que a los segundos se les atribuye defraudar la cuota de los paquetes de TV que dan acceso al fútbol de forma legal.
Por alguna razón las tres operadoras retiraron sus solicitudes. A pesar de ello, el juez emitió un nuevo auto1 ajustándose a la interpretación del CGPJ, confirmando así que solo debían facilitarse los datos de los cardsharers y no del resto de usuarios.
LaLiga envió a los usuarios que pudo identificar con este método cartas solicitando 450€ por daños y perjuicios si querían evitar litigar.
El revés judicial no ha impedido que LaLiga siga tratando de identificar a los consumidores finales de fútbol pirata. En julio de 2024 obtuvo una autorización similar, que sigue vigente, en la que se obliga a las operadoras a facilitar semanalmente la identidad de los abonados desde cuya línea se accede a canales de AceStream que emiten fútbol pirata. LaLiga utiliza estos datos para remitir cartas en las que solicita el pago de 250€.
