La última propuesta que hay sobre la mesa de negociación deja de lado el modelo francés de notificación a los usuarios que descargan y se centra en atacar a los que suben el material a la red. Las páginas de elinks y descarga directa, así como los principales seeders serán el blanco de la Comisión de Desarrollo y Control de Contenidos Digitales.
Ramón Muñoz –citando a fuentes de La Coalición– revela nuevos detalles sobre las negociaciones que mantienen las entidades de gestión y RedTel para regular las descargas en España. La nueva estrategia será perseguir a las webs que proporcionan los enlaces a las descargas. Según La Coalición, unas 70 webs son el origen del 80% del material que circula en Internet. Estas webs recibirían un primer aviso para que cesen su actividad. Si no se atiende la petición, se bloqueará la página. Si está alojada en España, solicitando el cierre al proveedor de hosting y si está fuera de nuestras fronteras, ordenando el bloqueo de las rutas hacia la IP del servidor.
Por otra parte, se actuará contra un numero reducido de usuarios, los más activos compartiendo material. Estos podrían ser los propietarios de las cuentas que alojan material en sitios como RapidShare y los principales seeders en redes P2P.
Podemos facilitar los procesos si establecemos una vía administrativa en materia de regulación de contenidos en Internet, como ya existe en televisión. Esta autoridad administrativa podría, tras un primer aviso y los plazos correspondientes de alegaciones, ordenar la suspensión definitiva del servicio de alojamiento. Para el resto de usuarios somos partidarios de un sistema de notificaciones, con una clara voluntad educativa y disuasoria, y, sólo para usuarios reincidentes, se podría estudiar algún tipo de medida tecnológica, que debe ser proporcional y temporal.
Todas estas acciones se coordinarán desde la Comisión de Desarrollo y Control de Contenidos Digitales, una agencia –dependiente del Ministerio de Industria– que tramitará las denuncias de los autores y ordenará las medidas a tomar.
Fuente El País
