MásMóvil ha tenido que asumir la sanción contra el OMV que compró en 2020 por las irregularidades cometidas desde 2016, al no mantener su base de datos de clientes sincronizada con la de la CNMC que es utilizada por los servicios de emergencia para identificar los titulares de una línea.
En junio de 2020 MásMóvil completó la compra de Lycamobile, compañía de origen británico especializada en público inmigrante que operaba como OMV completo sobre la red de Movistar. La operación se cerró por 372 millones de € con los que MásMóvil sumó a sus filas otros 1,5 millones de clientes.
Lo que no sabía el nuevo propietario en el momento de la compra, es que durante su andadura en solitario, Lycamobile había estado descuidado sus obligaciones con el regulador durante varios años, asunto que le explotaría poco después en las manos.
Sistema de Gestión de Datos de Abonado de la CNMC
La normativa obliga a las operadoras a reportar los datos actualizados de sus clientes al Sistema de Gestión de Datos de Abonado (SGDA), una base de datos central que mantiene la CNMC. En concreto, en ella se almacena el nombre y apellidos del titular de la línea, su DNI y el domicilio. A esta información acceden los servicios de emergencia para identificar el origen de la llamada al 112, las empresas que publican guías de abonado y las que mantienen un servicio telefónico de información como los números 118XX, además de otras entidades autorizadas.
El SGDA se puso en marcha en abril de 2016, pero hasta noviembre de 2020 Lycamobile no se dio de alta en el sistema, ni mantuvo los datos correctamente sincronizados hasta mayo de 2021. MásMóvil justifica ante la CNMC que desde la compra y una vez tuvo conocimiento de la situación, puso en marcha un plan para analizar y solventar los incumplimientos. La infracción es considerada muy grave según la Ley General de Telecomunicaciones, por lo que sabiendo la que se le venía encima, pidió que se atenuara la sanción teniendo en cuenta su buena fe y que nadie había reclamado por el incumplimiento.
La multa de la CNMC1 asciende a 920.000 €, cantidad que se ha visto reducida por sendas bonificaciones del 20%, al reconocer la empresa la culpa y al pagar voluntariamente antes de que concluya el expediente, por lo que el importe final se ha quedado en 552.000 €.
