La CMT ha convocado una consulta publica para actualizar la regulación que afecta a las redes WiFi que ofrecen algunas administraciones públicas. Aunque el anteproyecto de la nueva regulación es más laxo al eximir a las redes de pequeñas dimensiones, sigue manteniendo la limitación de velocidad en 256 Kbps para el "WiFi gratis".
Con esta normativa el regulador pretende proteger las inversiones de los operadores privados frente a la competencia que suponen las redes que montan las administraciones con dinero público. Ayuntamientos, diputaciones u otros organismos públicos tienen la obligación de comportarse como un operador privado, al tener que justificando que el coste de funcionamiento de la red procede de su explotación y no mediante la aportación periódica de fondos públicos.
Pero a la vez que se protege la inversión privada de la injerencia de la pública, la estricta normativa ha dado al traste con numerosas iniciativas mucho más modestas que simplemente buscaban dar servicio sin coste en lugares públicos de reducidas dimensiones o complementar la deficitaria cobertura de las redes de operadores privados.
El nuevo anteproyecto que se somete a consulta pública, en su redacción actual, relaja la documentación que deben presentar los proyectos en los que el coste de montaje de la red sea inferior a 200.000 € o estén en un municipio con menos de 20.000 habitantes. Bibliotecas y centros educativos quedarán exentos de inscribirse como operador (evitando por tanto el pago de tasas y la elaboración de exhaustiva documentación sobre el alcance del proyecto) siempre que el acceso quede limitado a sus alumnos o abonados.
En el resto de casos, las redes que no quieran ser consideradas como operador, no podrán penetrar en el interior de las zonas residenciales. Aunque la principal limitación es que la CMT ha decidido no revisar al alza la velocidad que pueden ofrecer estas redes WiFi. Sería de esperar, dado el crecimiento de la velocidad de internet que han experimentado las conexiones residenciales en nuestro país en los últimos años, que el límite de 256 Kbps. se elevara por lo menos hasta el del acceso universal de 1 Mbps.
La CMT está abierta a escuchar la opinión de las partes hasta el 15 de septiembre, de modo que todavía hay tiempo para que los interesados, incluso usuarios particulares, pidan la revisión del límite de velocidad.
