La sentencia de la Audiencia Nacional, que ratificaba la sanción de 300.000€ al ayuntamiento de Málaga, ha reavivado las dudas sobre la viabilidad legal de las redes Wi-Fi públicas. La propia CMT, el Ayuntamiento de Ourense y la Diputación de Valencia salen al paso recordando que la normativa no ha cambiado y defendiendo sus servicios.
Hace ya años que sabemos del conflicto entre el Ayuntamiento de Málaga y la CMT acerca del servicio de red Wi-Fi pública que la ciudad andaluza puso a disposición de los ciudadanos.
El problema residía en que no se registraron como operador en la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, lo que supuso finalmente una sanción de 300.000€ al Ayuntamiento de Málaga, ratificada en la Audiencia Nacional hace apenas unos días después de un recurso.
Esta decisión ha hecho volver a aparecer dudas acerca de la posibilidad de que las Administraciones Públicas puedan ofrecer acceso a Internet a los ciudadanos a través de redes públicas inalámbricas.
La sanción a Málaga no cambia las reglas del wifi público
La CMT recuerda que la normativa a seguir para dar este tipo de servicio sigue siendo la misma que hasta ahora, y que, por tanto, la decisión de la Audiencia Nacional no la ha modificado.
Como requisito principal sigue estando el registro de la Administración Pública como operador de telecomunicaciones (hay más de 500 ya), además de la separación de las cuentas y mantener el principio de neutralidad, transparencia y no discriminación. Esto, siempre que no se entre en régimen de autoprestación, es decir, para uso exclusivo de los funcionarios.
Si se quiere dar Wi-Fi público gratuito, éste no ha de superar una velocidad de acceso de 256 kbps ni penetrar en el interior de las viviendas. Si no, se puede considerar que las condiciones del servicio afectan a la competencia y la CMT entra a establecer ciertos límites, se puede buscar financiación externa mediante patrocinios o publicidad, o se ha de limitar el acceso a webs institucionales.
Además, con motivo de la ratificación de la sanción a Málaga, varias instituciones han alzado la voz para aclarar que sus redes públicas inalámbricas cumplen con todos los requisitos que impone la CMT, y que no hay peligro de que dejen de funcionar.
En Ourense, que tienen cobertura en veinte zonas públicas y más de 3.500 usuarios registrados, indican que su red no tiene "vacíos legales". El municipio se registró como operador, y la explotación de la red se adjudicó mediante concurso público a Gowex.
Por su parte, la Diputación de Valencia impulsó el proyecto "Sona Wifi", que sirve para que los ayuntamientos tengan acceso a Internet en régimen de autoprestación y así reducir gastos, y a los ciudadanos en general con tarifas que oscilan entre los 11 y 20 euros al mes a través de Iberfone, cumpliendo también todos los requisitos que la CMT imponía.
