El Gobierno presidido por José Luis Rodríguez Zapatero sigue intentando el más difícil todavía en el marco normativo a imponer en la Sociedad de la Información. El modelo que tienen en mente permitirá el bloqueo de las páginas o la retirada de contenidos supuestamente ilícitos por un procedimiento rápido -menos de un mes- a propuesta de la Comisión de la Propiedad Intelectual, pero con autorización judicial previa aunque el juez no entra en el fondo del asunto, sino que sólo decide si el organismo solicitante es pertinente para pedir la suspensión, y con ésta no se vulnera algún derecho fundamental. Esta intervención cautelar otorga una mayor rapidez al proceso. Se pretende introducir este mecanismo en un reglamento que desarrolle la disposición final de la Ley de Economía Sostenible. Parece que se intenta adoptar una solución que contente a todas las partes. ¿Lo hará?
El reglamento debe precisamente dilucidar la composición y el funcionamiento de esta comisión. Se quiere que la misma esté integrada por expertos independientes, entre los que figuren magistrados, abogados expertos en propiedad intelectual y representantes del mundo de la cultura e Internet.
Según el artículo de El País firmado por Ramón Muñoz (en portada del periódico, un avance) el juez deberá decidir si la solicitud está fundamentada, si la Comisión es competente para pedir el bloqueo de esa página y si al hacerlo no se vulnera ningún derecho fundamental. El trámite entre la solicitud del cierre de la web y la concesión o denegación del mismo será "brevísimo", menos de un mes, y, en "casos especiales, incluso en una semana", según fuentes del Ejecutivo. Los webmaster tendrán un plazo para que supriman los elementos ilícitos de las páginas afectadas antes de la medida cautelar, cuya duración podría rondar los tres días, como sucede en el caso de la publicidad engañosa.
