El proyecto de ley que presentó en marzo el PSOE, para trasponer la directiva 2006/24/CE de la Unión Europea sobre retención de datos telefónicos y de comunicaciones electrónicas, ha sido aprobado en el Senado con el apoyo unánime del PP.
Si bien es cierto que la policía necesitará autorización judicial para acceder a los datos, también lo es, que la interceptación de las comunicaciones se lleva a cabo de forma sistemática e indiscriminada, sin que medie una orden judicial. Con ellos se puede saber donde hemos estado, con quien hablamos, cuanto tiempo dura esa conversación, donde se localiza físicamente nuestro interlocutor, en que lugar nos encontramos, y para eso basta con que el móvil tenga cobertura y la SIM activada.
"En todo caso la nueva Ley confía nuestra intimidad a empleados de empresas privadas que no tendrán ningún obstáculo técnico para acceder a ellos, ¿quien dice que no podrán ser cedidos para otros fines?, entre los que no cabe descartar el espionaje empresarial o industrial, el proyecto abarca tanto los datos de las personas físicas como jurídicas y no faltan precedentes en nuestro mas reciente pasado de situaciones similares". Pedro Martínez, Teniente Fiscal de Madrid.
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