Un grupo de pequeñas y medianas discográficas, coordinadas por el despacho de abogados Roca Junyent, amenaza con reclamar en los tribunales 375 millones de euros daños y perjuicios producidos por las descargas de música por Internet. Las demandantes han enviado un ultimátum al Consejo de Ministros.
La amenaza no es nueva. Ya la hicieron el pasado febrero mediante un comunicado que las compañías remitieron al Ministerio de la Presidencia. En él reclamaban la "adopción inminente de medidas efectivas que protejan los derechos e intereses de la industria discográfica y los derechos de propiedad intelectual", acusando al gobierno de dejadez a la hora de falta de actuar contra las descargas.
Según las discográficas, las medidas contempladas en la LES son insuficientes, puesto que no resuelven la imposibilidad de ejercer acciones civiles contra los usuarios finales. Piden que España cree una normativa similar a la de Francia o Reino Unido, sancionando al usuario que realiza la descarga.
El ultimátum lo envían un grupo de discográficas independientes al Consejo de Ministros y aseguran que si no obtienen respuesta, iniciaran la reclamación judicial.