Alrededor de 100 denuncias han sido presentadas por miembros del colectivo DefensaP2P Afectados Euskaltel, que recibieron cartas en las que se les amenazaba con acciones legales si no pagaban entre 150 y 450 € por haber compartido contenidos mediante P2P desde su conexión.
Las denuncias acusan al abogado firmante de la cartas, Rafael Eizaguirre, al procurador Alfonso Bartau y al apoderado de la empresa titular de los derechos, Mickael Wickstrom, de estafa procesal al ocultar que la empresa en nombre de la que reclaman el dinero está inactiva.
ElDiario.es señala que resulta imposible localizar al abogado ya que los números telefónicos que figuran a su nombre, incluido el proporcionado por el colegio de abogados, están desactivados. Tampoco es posible contactar con Alfa Guardian S.L., la empresa en la que trabaja.
Por el momento los tribunales han paralizado los procesos abiertos a la espera del dictamen del Tribunal de Justicia de la UE, al que un juez belga consultó si estas suponen un abuso. Mientras tanto la recomendación es no ceder al chantaje y no abonar cantidad alguna.
