No hay ningún cambio en el redactado del Anteproyecto de Ley de Economía Sostenible -aquella que permite cerrar y bloquear webs sin previa orden judicial-. El Gobierno quiere aprobarlo este viernes o, al menos, remitirlo a los órganos consultivos (Consejo de Estado y el Consejo General del Poder Judicial en este caso) y, mediante reglamento posterior, introducir ciertas matizaciones. Con las reservas que supone que las hayamos conocido a través de una filtración a la prensa, hay que decir que los internautas no nos merecemos semejante pirueta normativa -que habrá que ver si jurídicamente es viable-: la Sección Segunda de la Comisión de la Propiedad Intelectual del Ministerio de Cultura tendrá que ir al juez para que, sin entrar en el fondo del asunto, la autorice al bloqueo de contenidos. El dueño del sitio podrá recurrir por vía judicial. "Si los jueces no te son favorables, cambia el árbitro de juego", parece transmitir dicha solución.Queremos que nunca haya una intervención previa en temas de telecomunicaciones sin que un juez lo diga mediante resolución motivada. Ni más ni menos.
Con nuestras leyes actuales no es necesario esperar a sentencia para evitar los supuestos daños que se derivan de una infracción. Como es conocido por muchos y no sólo los juristas, existe el procedimiento de medidas cautelares (se presentan junto con la demanda o antes del proceso, ver Ley de Enjuiciamiento Civil, Título VI) que pueden solicitarse al juez. Lo que pasa es que están siendo desfavorables para las entidades de gestión de derechos de autor e industria de contenidos, como recuerda David Bravo con multitud de ejemplos.
Una "autorización judicial es distinto a una resolución", ya que sólo implica que el órgano que pide el cierre de la página es competente para llevarlo a cabo, explica acertadamente Víctor Domingo, presidente de la Asociación de Internautas. De la manera propuesta, será el Ministerio de Cultura quien tenga dicha potestad, que parece hecha a medida del proceder de la SGAE.
Que no lo duden. No dejaremos que actuaciones administrativas supongan menoscabo de la actividad judicial ni injerencias en la separación de poderes.
