A las empresas españolas les cuesta 4.950 euros el uso de software ilegal por ordenador, según ha calculado Business Software Alliance (BSA), basándose en los datos del primer semestre de 2010, en los que se llevaron a cabo 6 registros y se intervinieron 92 ordenadores con software pirata. Tomando en cuenta las indemnizaciones por perjuicios más regularizaciones, BSA ha determinado que el coste medio por el uso de software ilegal se sitúa en 79.271 euros en este primer semestre. Los seis primeros meses del año se han cerrado con 231 denuncias recibidas en BSA, que han dado lugar a 153 acciones legales contra empresas, distribuidores y entidades que vulneraron los derechos de autor del software, lo que ha supuesto para estas compañías un total de 457.623 euros, un 7,7% más que en el mismo periodo del año anterior. Este montante se ha obtenido de la suma del valor de las indemnizaciones por perjuicios por el software pirata detectado, que se cifró en 257.659 euros, y los 199.965 euros por regularizaciones por adquisición de software legal para sustituir al pirata intervenido. Esta cifra no incluye los costes de los procesos judiciales.
"Estas cifras ponen de manifiesto lo cara que le puede salir a una empresa la utilización de software fraudulento. Aunque el supuesto ahorro es lo que empuja a muchas compañías a arriesgarse con la adquisición de software sin licencia, se demuestra que lejos de ahorrar el resultado de utilizar software sin licencia puede ser una importante pérdida. Eso sin contar con los riesgos añadidos para la operatividad, la competitividad y la reputación de la empresa", explicó Luis Frutos, presidente del comité español de BSA.
BSA también explicó que ha llevado a cabo, entre enero y junio de este año, 3.102 acciones legales en Europa, Asia y África. El coste para las empresas por el uso de software sin licencia se acercó a los 10 millones de dólares, de los que 4 millones de dólares correspondieron al pago por los daños ocasionados y 5,9 millones de dólares a la compra de software legal , sin tener en cuenta los costes de los procesos judiciales.
En nuestro país, BSA ha puesto en marcha varias campañas de información en seis Comunidades Autónomas -Murcia, Madrid, La Rioja, Navarra, País Vasco y Comunidad Valenciana- a través de cartas dirigidas a pequeñas empresas y empresarios alertando de los riesgos del uso de software pirata y de las ventajas de software legal.
"Desde BSA estamos haciendo especial hincapié este año en la puesta en marcha de campañas de sensibilización dirigidas a pymes, centradas en mostrar de forma clara cuáles son los principales riesgos a los que se enfrentan utilizando software sin licencia, así como los beneficios que reporta el uso de software propietario", añadió Frutos.

