El conocido abogado David Bravo, autor de 'Copia este Libro', plantea hoy una interesante solución a la denominada "Ley Sinde". Concretamente en la ley 46, título II, partida tercera de la ley de Partidas de Alfonso X el Sabio, que regula la llamada "acción de jactancia", declarada todavía vigente por el Tribunal Supremo en sentencia de 1988. Se trata precisamente aquella que puede interponerse contra aquél que presume de tener un derecho contra ti pero que, paradójicamente, no promueve ninguna acción legal para reivindicarlo. ¿Qué sucedería si las páginas de enlaces interpusieran la acción de jactancia contra la industria de los contenidos antes de la entrada en vigor de la Ley Sinde?

Redtel, en representación de Telefónica, Vodafone, Orange y Ono, ha enviado un documento al Gobierno y a los grupos parlamentarios en el que piden que se simplifique la intervención de los jueces en los procesos de cierre de webs de descargas que contempla la LES y que la actividad de la Comisión de Propiedad Intelectual no sólo sea sancionadora sino educativa.

Después de la tremenda oportunidad perdida este martes para que el Congreso se posicionara contra una legislación que menoscaba los derechos de los internautas, encontramos en algunas enmiendas a la Ley de Economía Sostenible, un oasis donde refrescarnos. Coalición Canaria ha introducido varias donde por ejemplo pide la modificación de la Ley General de Telecomunicaciones para ampliar los derechos de los consumidores con la garantía de que "el tráfico de datos generado o recibido no sea bloqueado, interferido, discriminado, entorpecido, manipulado, modificado, desviado, priorizado o retrasado, en función del tipo de contenido, del protocolo, la aplicación utilizada, del origen o del destino de la comunicación, ni de cualquiera consideración ajena a la propia voluntad de los intervinientes en la comunicación".

En estos instantes se está debatiendo en el Pleno del Congreso de los Diputados el proyecto de Ley de Economía Sostenible. Se han presentado cinco enmiendas de totalidad por parte de PP, CiU, IU-ICV, BNG y UPyD. Ahora bien, si leemos dichas enmiendas, nos daremos cuenta que estamos más solos que nunca como internautas y que la neutralidad de la red es algo que no parece importarle a nadie salvo a ella misma.

Actualizado: 11:31h: El Pleno del Congreso de los Diputados ha rechazado, con los votos en contra de PSOE, PNV y Coalición Canaria, las cinco enmiendas de totalidad a la LES. El Gobierno salva -entre otras- la 'Ley Sinde' que continúa su tramitación.

El Partido Popular ha presentado más de un centenar de enmiendas al proyecto de Ley de Economía Sostenible (LES) afirmando en rueda de prensa que quiere ir más allá al instar al Gobierno a suprimir el canon digital. Asimismo, el PP asegura que con sus enmiendas articulan un sistema equilibrado de protección de la propiedad intelectual y garantiza judicialmente los derechos de los usuarios. Por su parte, IU-ICV-ERC ha registrado un total de 230 enmiendas parciales que plantean que los derechos de autor son necesarios para la creación pero que no pueden entrar en lucha con los derechos de los ciudadanos, siguiendo su ya tradicional argumentario de que la LES podría vulnerar derechos fundamentales.

Este martes 21 de septiembre de 2010, se acaba el plazo para que los grupos parlamentarios puedan aportar sus enmiendas a Ley de Economía sostenible y, con ella, la Disposición Final Segunda (anteriormente Disposición Final Primera) o "Ley Sinde" que ataca los derechos fundamentales en Internet en favor de lobbies industriales que no quieren reconvertirse. La misma Disposición cuya retirada cientos de miles de ciudadanos y ciudadanas han pedido de todas las formas. La misma se introdujo de espaldas al propio Parlamento; fue creada mientras una SubComisión Parlamentaria estaba trabajando sobre la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual. cuyas conclusiones no se escucharon y que no son otras que reformar en profundizar la LPI para encarar con seriedad y beneficio general los problemas generado por las innovaciones de la era digital. En definitiva, nos encontramos ante un desprecio a la labor de los Diputados que son los reprentantes de los ciudadanos y ciudadanas de este país.

Antes que nada queremos recordar a Zapatero que comete un craso error histórico cuando dice que en su tiempo la erradicación de la piratería permitió el libre comercio en la rutas marítimas. Es importante recordarle que fue exactamente lo contrario: cuando en 1778 se acabó con la negación de la realidad - se finiquitó la absurda prohibición de cruzar el Atlántico a cualquier barco que no fuera español -, sólo así se acabó con tres siglos de piratería. Tras las últimas declaraciones de Sinde que demuestran haber dado por bueno sin rechistar un informe absolutamente sesgado y parcial de la Coalición de Creadores mientras hace caso omiso de centenares de informes profesionales que demuestran justamente lo contrario; tras el voto del PP en Europa que pide el impulso de la ley Sinde; la sociedad civil está indignada viendo una clase política en su gran mayoría al servicio de intereses económicos particulares, los mismos que han llevado el país a la ruina.

"Practicada la declaración del imputado y del examen de las actuaciones obrantes, se infiere que la conducta llevada a cabo por aquél no es constitutiva de infracción penal y por lo tanto no se reúnen los elementos del tipo objetivo para considerar que estamos ante un delito contra la propiedad intelectual, así, el enlace simple no supone infracción de los derechos contra la propiedad intelectual, puesto que este tipo de links constituye únicamente una forma de facilitar al usuario de Internet el acceso a otra página web, sin tener que teclear el nombre de esa página. La actividad de la página investigada se centra en facilitar enlaces pero no aloja archivos, ni realiza directamente descargas, limitándose su actividad en enlazar"

Resulta acreditado que el sitio web Índice-web.com ofrece exclusivamente enlaces para descargas en redes P2P u otros sitios web, sin almacenar ningún tipo de contenidos audiovisuales y sin intervenir en las transmisiones realizadas en las redes P2P. Esa función del sitio web del demandado, esto es, de indexar o crear un índice que favorece y orienta a los usuarios para acceder a otros webs o a las redes de intercambio de archivos P2P mediante el sistema de menús, carteles o portadas con títulos de películas u obras musicales, constituye la esencia misma de Internet. Es más, éste sería un caos si no hubiera páginas y/o buscadores (como Google) que facilitan hacer aquello que en este procedimiento pretende que se declare como acto vulnerador de derechos

La Oficina para la Defensa de los Intereses Comerciales de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés, el equivalente al ICEX español, Instituto de Comercio Exterior) hizo público el pasado viernes que nuestro país está incluido en su lista negra dentro del Informe anual 'Special 301' (PDF), en el que insta a España a "continuar dando pasos positivos para acabar con la piratería en Internet" mientras avisa que seguirá monitorizando de cerca nuestra legislación al respecto durante 2010. Por otro lado, y rompiendo la neutralidad de la red, piden la implicación de los ISP (proveedores de servicios de Internet) para reducir el fraude a la Propiedad Intelectual.

La Ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, compareció ayer en el Congreso, a petición de ERC/IU y PP para informar de la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual y sobre las intenciones del Gobierno de bloquear páginas web sin autorización judicial tal como se recoge en la Disposición Final Segunda de la Ley de Economía Sostenible. Para la ministra "un puñado de webs están poniendo en riesgo un negocio que aporta el 4% a la riqueza del país. Esto supone un riesgo para la economía en España y también en otros países".

"Es necesaria la autorización judicial para que los operadores que prestan servicios de comunicaciones electrónicas o de redes públicas de comunicación cedan los datos (...) conservados que se especifican en el art. 3 de la Ley 25/2007, de 18 de octubre" (PDF), afirma el Tribunal Supremo en una nota en la que informa de este acuerdo, tomado el pasado mes de febrero. Hasta ahora, los fiscales y la Policía podían solicitar directamente a los operadores la identidad del titular de un número de teléfono móvil o de una dirección IP determinada pero tal y como especifica el Supremo, si la Fiscalía necesitara dichos datos, sólo se obtienen mediante orden judicial. Parece obvio, ¿verdad? Ustedes ya saben que para algunos, no.

España es el segundo mercado extranjero más importante para la industria del entretenimiento americana. Si sus problemas en EEUU son crecientes, con ventas más bajas y con servicios low cost como Redbox y Netflix, están siendo abrumados por las descargas P2P en nuestro país. Éstas, sumadas al streaming de películas, está cerca de que deje de tener sentido el vender DVDs en España. Tan solo Corea del Sur está por encima en estas estadísticas. Para la ministra González-Sinde, esto sucede porque "tradicionalmente en los países mediterráneos, es difícil para la gente entender que las cosas inmateriales puede valer tanto como las cosas materiales". Y tanto. Además, para ella, las compañías de telecomunicaciones de España también cargan con parte de la culpa.

Actualizado: En Cinco Días: Sony Picture emitió ayer un comunicado en el que aclaraba que la compañía "no tiene intención de abandonar el mercado español" aunque matiza que estudia la viabilidad de sus operaciones. No aclaran nada y, en nuestra opinión, confirma que estudian la viabilidad de "algunas" de sus operaciones

ACTA es una propuesta de acuerdo comercial que pretende establecer normas internacionales para la observancia de los derechos de propiedad intelectual a fin de tener una lucha más eficiente en contra del problema de falsificación y piratería. Estados Unidos, Suiza, Japón, Australia, Corea del Sur, Nueva Zelanda, México, Jordania, Marruecos, Singapur, los Emiratos Árabes Unidos, UE y Canadá, están detrás del texto que ya se conoce. Entre las medidas que proponen en lo referente a Internet, destaca la posibilidad de imponer penas de prisión por delitos contra la propiedad intelectual *. En España, intentar crear una normativa similar sería inconstitucional. Un fin parecido tendrá la Disposición Final Primera de la Ley de Economía Sostenible si sigue su trámite con el redactado actual.

Las dos principales asociaciones de internautas en España quieren llevar el debate sobre la propiedad intelectual en Internet al Tribunal Constitucional y al de la Defensa de la Competencia en Europa, ya que consideran que la nueva legislación al respecto "vulnera derechos fundamentales". Esta es una de las acciones que han anunciado hoy los presidentes de la Asociación de Internautas y la Asociación de Usuarios de Internet, Víctor Domingo y Miguel Pérez Subías, después de que el primero compareciera ante la Comisión de Cultura del Senado para exponer su postura sobre este asunto.

Red SOStenible, plataforma que reagrupa a iniciativas, grupos, blogs, entidades y personas que están trabajando en defensa de los derechos en Internet, quiere proponer a todos los ciudadanos y ciudadanas la coordinación colaborativa de varias acciones que se llevarán a cabo para hacer llegar un mensaje claro de los internautas para los políticos sobre la inconveniencia de la Ley de Economía Sostenible. No podemos permitir de ninguna manera que sigan los intentos de vulnerar derechos fundamentales de las personas, sin la debida tutela judicial efectiva, para proteger derechos de menor rango como la propiedad intelectual. Es fácil y todos pueden colaborar. ¿Nos ayudas? :-)

El Consejo de Ministros aprobará hoy viernes en Sevilla - en pleno puente de San José - ese engendro llamado "Ley de Economía Sostenible", que incluye la conocida como "Ley Sinde", que permitirá el cierre de páginas web en sólo cuatro días. Nos sumamos a los blogs que republican hoy el manifiesto conjunto del pasado mes de diciembre. Es la primera vez que en BandaAncha.eu se repite una entrada, pero la extrema gravedad del tema lo merece. Si tienes página en la red, si publicaste en su momento el manifiesto, si la red es para ti algo importante; te invitamos a hacer lo mismo:

En un Consejo de Ministros que se celebra en Sevilla, el Gobierno aprobará mañana sin cambios -salvo sorpresa de última hora- la Ley de Economía Sostenible cuya Disposición Final Primera incluye la normativa para regular Internet, con un procedimiento que permitirá bloquear o cerrar páginas web de descargas de archivos protegidos por derechos de autor mediante una denuncia ante la Comisión de Propiedad Intelectual. Un Reglamento determinará la nueva estructura de Cultura mientras que la Ley ha previsto un proceso -en el caso de no desistir por vía administrativa- de un máximo de cuatro días. Se hace caso omiso a las 1.174 páginas adheridas a LaListaDeSinde.Net, al rechazo de los internautas a través de Red SOStenible (de la que BandaAncha.eu forma parte) o Asociación de Internautas, las objeciones del Consejo General de Poder Judicial y el Consejo Económico y Social o las críticas del Consejo Fiscal. El Gobierno ya tiene marcada una hoja de ruta al dictado de los artistas y entidades de gestión así como de EEUU y su acuerdo comercial ACTA.

Actualizado: Confirmado. El Gobierno deja intacta la 'ley antidescargas'. En la rueda de prensa, ni una pregunta sobre Internet. Queda el trámite parlamentario.

ACTA es una propuesta de acuerdo comercial que pretende establecer normas internacionales para la observancia de los derechos de propiedad intelectual a fin de tener una lucha más eficiente en contra del problema de falsificación y piratería. Durante su intervención en una conferencia sobre comercio en Washington, el presidente estadounidense Obama ha asegurado que apoya el empleo de las TIC pero ha advertido que la industria norteamericana debe recibir un pago por los contenidos que crea. ACTA será impuesto a todos los países, bien adoptándola, bien con legislación interior como España ha hecho con la Disposición Final Primera del Anteproyecto de Ley de Economía Sostenible.

Actualizado: Semana de reflexión. El próximo viernes 19 de marzo un Consejo de Ministros reunido al efecto en Sevilla aprobará el Proyecto de Ley de Economía Sostenible.

Raúl N. García Orejudo, Magistrado titular del Juzgado Mercantil nº 7 de Barcelona, ha establecido un punto de partida para el futuro de la Internet española. La entidad de gestión de derechos de autor, SGAE, demandó a Jesús Guerra, titular del sitio web www.elrincondejesus.com, sosteniendo como argumentación jurídica que servía para intercambio ilegal de obras musicales. "En dicha página web no se almacena ninguno de los archivos cuya referencia se indica (...) no se percibe cantidad alguna directa ni indirectamente relacionada con el servicio (...) El sistema de enlaces o links no supone ni distribución, ni reproducción ni comunicación pública (...) El sistema de enlaces constituye la base misma de Internet (...) En nuestro Derecho no está prohibido favorecer, orientar o ayudar mediante enlaces en la búsqueda de archivos que contengan obras protegidas para lograr su posterior descarga en las llamadas redes P2P", señala el juez en una una sentencia histórica

Ya son más de 1.174 las páginas adheridas a LaListaDeSinde.Net, una iniciativa de desobediencia digital contra el Anteproyecto de Ley de Economía Sostenible que pretende poner la propiedad intelectual por encima de los derechos fundamentales, la presunción de inocencia, libertad de expresión y acceso a la cultura. Hoy a las 12:00 horas se hará entrega pública en el Ministerio de Industria de esta lista que hace frente a la censura. Estas webs han decidido autoinculparse con el libre intercambio de archivos incluyendo en su web un buscador de enlaces P2P. En tanto los legisladores sigan encontrando importante la copia y no al autor en este juego de intereses, no habrá solución.

Las actuaciones seguidas contra la página de enlaces a redes P2P indicedonkey fueron archivadas en Marzo de 2008, sin embargo, la Audiencia Provincial de Madrid dejó sin efecto esa resolución al no haberse practicado la ratificación de una prueba pericial que tenía por objeto estudiar el funcionamiento de la página web. Tras la reciente práctica de esa prueba, y al quedar demostrado con ella que se trata de una página web de enlaces a archivos difundidos en redes P2P, el Juzgado de Instrucción ha decidido volver a archivar las actuaciones en un auto (susceptible de recurso) donde menciona la resolución Sharemula, haciendo así suyas sus argumentaciones. La criticada Disposición Final del Anteproyecto de Ley de Economía Sostenible tiene como objetivo último evitar que los internautas sigan ganando.

Perseguir de cualquier forma los enlaces de hipertexto, en tanto que simples enlaces, es perseguir Internet. Y es la forma más sencilla de conseguir la unidad de todas las fuerzas de resistencia en contra de la censura: algo que en cualquier otra circunstancia sería imposible, habida cuenta de las diferencias culturales e ideológicas de las diferentes tribus que conforman la Red (...) Los impulsores de la Disposición Final Primera de la Ley de Economía Sostenible son charlatanes, vendedores de elixires milagrosos, que han engañado a autores, editores, y aún a sí mismos, para mantener hasta el final una inmensa ficción jurídica: la posibilidad de perseguir o impedir la copia de las obras en cualquier tipo de circunstancia.

Lo que se ha atrevido a decir Alierta es la clave. Google desarrolla todo su entramado usando la línea telefónica, y no paga nada. Y lo mismo le ocurre a las operadoras con la industria de contenidos, que generan un negocio de consumo de ADSL y de ancho de banda. Lo lógico sería que Google pagara a las operadoras por usar su red y éstas, a su vez, nos pagaran a nosotros. Sería un modelo de negocio estable y sostenible.