Esa es la pregunta que algunos se hacen desde la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT), que la semana pasada aprobó definitivamente la nueva regulación de la fibra óptica en España. Básicamente, el resultado es que Telefónica tendrá la red para ella sola ofertas que tengan velocidades superiores a 30 megas. A cambio, tendrá que dar acceso mayorista a modalidades inferiores y deberá abrir los conductos, la infraestructura civil, a sus rivales, para que la usen para introducir su propia fibra. Dos votos particulares se preguntan si la resolución no adolece de un alto riesgo de caer en una remonopolización del mercado y advierten que aún no se conoce cómo serán los accesos a los edificios para las acometidas.
En Cinco Días recuerdan la existencia de estos votos y ponen en tela de juicio la capacidad de los operadores alternativos de afrontar los gastos derivados del despliegue. No se fundamentan "argumentos, estudios o análisis las perspectivas de su viabilidad técnica y económica", explica Marcel Coderch Collell, vicepresidente de la CMT en el suyo. "Resulta muy difícil para cualquier operador plantearse seriamente una estrategia de despliegue de fibra para el hogar sin conocer cómo la CMT va a abordar el cuello de botella que plantea el acceso a los edificios", aporta Inmaculada López, consejera del organismo regulador.
La decisión, al menos en la mayoría de comentarios vertidos en páginas especializadas como esta, suele ser bien acogida y las críticas vienen justo por lo contrario: el excesivo tiempo que tendrán los alternativos para invertir en fibra. ¿Cuál es tu opinión?
