El Gobierno británico estudia castigar a los internautas que descarguen contenidos de la Red con la suspensión del servicio, la misma medida que Francia incluyó en su ley contra la piratería y que fue rechazada por el Constitucional Francés. Los planes gubernamentales pasan porque los proveedores de Internet actúen contra los infractores, ya sea "bloqueando el acceso a webs de descarga, reduciendo la velocidad de la banda ancha o suspendiendo temporalmente su línea de Internet".
Los ISP británicos afirman que la norma es inconstitucional y que no tendrá efectos ni jurídicos ni prácticos si logra aprobarse. Para ello, el Gobierno británico revisará el Digital Britain Report. La recepción de propuestas y sugerencias se cerrará el próximo 29 de septiembre, aunque no será hasta noviembre cuando se conozcan definitivamente las líneas maestras del plan de lucha contra las descargas ilegales, que se esperan reducir en un 70 u 80 por ciento.
Las opciones que baraja el ministerio de Empresa e Innovación han encontrado el rechazo de organizaciones como Open Rights Group, un organismo que pretende proteger las libertades civiles y los derechos digitales "amenazados por la regulación" del gobierno
Fair Use
En la legislación anglosajona no existe la copia privada de la Ley de Propiedad Intelectual español sino el fair use (uso legítimo o uso razonable) permite un uso limitado de material protegido sin necesitar permiso del dueño de dichos derechos, por ejemplo para uso académico o informativo. Permite la cita o incorporación, legal y no licenciada, de material protegido en un trabajo de otro autor, bajo el requerimiento de cumplir algunas condiciones.
