El Tribunal Supremo, el mismo que ya advirtió que el reglamento Sinde-Wert (Real Decreto 1889/2011) podría tener perjuicios, anula -en sentencia de 31 de mayo- parte de un artículo del mismo que dice que la anulación de contenidos supone un reconocimiento de una vulneración, esto es, la acción de que un internauta retire un contenido supuestamente vulnerador por lo que podría inferirse reconocimiento implícito de ir contra la Ley de Propiedad Intelectual y abrir otras vías como la civil. El resto de la sentencia valida que un órgano administrativo tenga la facultad de retirar contenidos y suspender servicios de páginas web.
Cómo funciona
Al juez que deba validar el cierre de páginas webs le estará vedado analizar el fondo del asunto, esto es, la vulneración de derechos de propiedad intelectual o la posibilidad de producir un perjuicio patrimonial por parte de la página web cuya clausura se solicite. La 'ley Sinde' crea un "agujero libre de jueces" donde la decisión la toma una comisión administrativa nombrada por el gobierno.
Resumen del procedimiento
- Cualquier titular de derechos que crea estar perjudicado podrá denunciar una página web de cualquier tipo por alojar o enlazar contenido protegido por derechos de autor
- De aceptar el cierre voluntario, el instructor procederá a archivar el procedimiento sin más trámite
- En caso contrario, y acreditada la existencia de una vulneración de los derechos de propiedad intelectual, los servicios de intermediación deberán dar cumplimiento a esta orden de suspensión en un plazo de 72 horas desde la notificación a los mismos del auto del Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo