Todo apunta a que que el fracasado modelo francés de respuesta gradual, que fue rechazado por Bruselas el pasado 26 de marzo, no se importará a España, pero a cambio se estudian otras medidas como multas económicas o bajadas de la velocidad de la banda ancha a los usuarios que reciban varios avisos por descargas P2P. La sanción que se impondrá a los internautas españoles se conocerá pronto. España dará la espalda a la Circular 1/2006 de la Fiscalía General del Estado, a la recomendación del Parlamento Europeo, a la unánime opinión de los jueces y magistrados, así como al hecho más importante: Internet no admite reglas más allá de las ya existentes en la vida real.

"Hoy día todos somos internautas y ellos también tienen puntos de vista que hay que tener en cuenta. Yo creo que se va a encontrar una solución que sea buena para todos. Lo primero que quiero hacer es reunirme, hablar y escuchar para entender todos los puntos de vista", declara hoy la nueva Ministra de Cultura. Esta misma tarde, en La Ventana de la Cadena Ser, Victor Domingo, presidente de la Asociación de Internautas, criticaba la designación de Ángeles González-Sinde mientras que Antonio Guisasola, presidente de la Asociación de Productores de Música de España, defendía, como no podía ser de otra forma, a la nueva ministra de Cultura. En el horizonte, la controvertida ley Hadopi adoptada en Francia.

Domingo: "Nos aterrorizamos con la nueva ministra"

Un informe elaborado por el ministerio de Administraciones Públicas recomienda la creación de un órgano común de recaudación que sustituiría a las seis entidades que gestionan ahora los derechos de autor: SGAE, Cedro, Vegap, Dama, AIE y Aisge. La idea sería que ese órgano se encargara de cobrar las tarifas establecidas y repartiera luego el dinero convenientemente entre cada una de las entidades, lo que podría acabar con los abusos denunciados que según algunos sectores comete la SGAE.

"Mis ingresos se deben a un disco de rock progresivo llamado Ciclos, que sigue siendo una obra de culto en Japón o Corea -allí son muy serios y compran el disco original-", señala Teddy Bautista, presidente ejecutivo de la Sociedad General de Autores de España (SGAE). "Al final se ha demostrado que el llamado «canon digital» son cuatro duros. Los productos que llevan canon son los que más han bajado de precio en 2008. Han descendido los precios de los MP3, los precios de los soportes, los precios de los aparatos de grabación…", explica sin rubor mientras califica a Enrique Dans, que le puso el sobrenombre de "ministro no oficial de cultura", de la siguiente manera: "Este señor es un imbécil o un inane, o cualquiera de las dos cosas. Llamarme a mí «ministro de Cultura» es una estupidez, y llamar a César Antonio Molina «ministro de la SGAE» es un insulto.".

Actualizado: Respuesta de Enrique Dans

Cerca de cuatro millones de ciudadanos no pueden acceder a la banda ancha en España en función de su sitio de residencia; a este indicador negativo para el desarrollo de la Sociedad de la Información en España, se le podrían sumar bajas masivas de clientes del ADSL más lento y caro de Europa. Las entidades representativas de la comunidad internauta, los profesionales y los consumidores informáticos en España estiman en cuatro millones la cifra de clientes de banda ancha -ADSL y cable-modem- que podrían darse de baja, si finalmente se confirma el acuerdo que RedTel las sociedades de gestión de los derechos de autor, abanderadas por la SGAE, para que en España se dé tres avisos antes de desconectar o ralentizar la conexión a Internet por usar redes P2P.

El alcalde de la localidad madrileña de Boadilla del Monte, Arturo González Panero (PP), ha presentado su dimisión esta pasada noche después de que el pasado viernes se detuviese por una trama de corrupción a cinco personas, presuntamente vinculadas con su Ayuntamiento. Precisamente en esta localidad, la SGAE fue autorizada por este alcalde -con el apoyo del PSOE- en julio de 2006 a rehabilitar, conservar y mantener el Palacio del Infante Don Luis (1776) cediendo la titularidad al 100%. Según El Imparcial, la inversión que la sociedad de gestión de derechos de autor, organización sin ánimo de lucro, ha comprometido es de 30 millones de euros, del que sólo el 30% se destina a trabajo de rehabilitación. Ángel Galindo, abogado y portavoz de Alternativa por Boadilla (APB), ha acudido por dos veces a los tribunales.

Steve Knopper (blog) redactor de la revista musical Rolling Stone, acaba de editar el libro "Appetite for self-destruction". En él, hace un recorrido por la historia de la industria de la música: su crecimiento y caída, los excesos cometidos en los últimos 30 años, la gran explosión entre 1984 y 2000, gracias a la mentira de que el CD era un soporte superior al elepé y que su fabricación era más cara, el cierre de Napster, la irrupción de un extraño como Apple entendiendo a medias el negocio y ganando dinero con iTunes, la enemistad con los internautas, las demandas... "Estos dinosaurios son en gran parte responsables de su propia desaparición", explica, todo ello basado en más de 200 entrevistas que van desde a dirigentes de la Warner hasta al responsable de Napster Shawn Fanning. En 1995 descargamos por primer vez un archivo con formato mp3. Que gratos recuerdos aquel verano del 98; la banda ancha haría el resto.

"No sé si, actualmente, puede ser jurídicamente posible", explica a The Times David Lammy, responsable de Propiedad Intelectual del ejecutivo británico. Además, supondría una intervención del gobierno ya que los proveedores de servicios y la industria musical no han llegado a un entendimiento para establecer unas medidas de control para los siete millones de usuarios que utilizan las redes P2P en Reino Unido. Definitivamente, el intento de imponer una ley de avisos al estilo Sarkozy está complicado a pesar de las presiones de la BPI (British Phonographic Industry). Esta semana el Ministro de Comunicaciones Lord Carter presentará un documento llamado Digital Britain report donde se desvelará definitivamente qué posición han adoptado. Una de las propuestas, podría ser la creación de una tasa para los usuarios intensivos de P2P.

La SGAE pierde otro juicio y deberá afrontar las costas, según informa la AI y Javier de la Cueva vía Facebook. A pesar de la ceguera de las Cortes Generales, que debería optar por otro modelo desechando para siempre las entidades de gestión y apostar definitivamente por la Sociedad de la Información, los jueces han vuelto ponerlos en su sitio desestimando la intromisión ilegítima en el honor por parte de la CNT. Nada como leer la jurisprudencia; Sentencia del Tribunal Constitucional 181/2006 de 19 de junio: "Quedarán amparadas en el derecho fundamental a la libertad de expresión aquellas manifestaciones que, aunque afecten al honor ajeno, se revelen como necesarias para la exposición de ideas u opiniones de interés público".

Estamos trabajando para la SGAE con el objetivo de asegurar el cobro del canon digital, controlar la piratería y los ataques por Internet contra las páginas de los autores (...) Acudimos a los actos contra los autores para grabar a todos los que aparecen y después investigarles. No se trata de conocer su patrimonio, sino saber en que páginas webs entran, sus relaciones personales y capacidad de convocatoria

Eduardo Bautista, presidente del Consejo de Dirección de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), ha solicitado una nueva legislación en el entorno europeo que responda a lo que denominan perjuicios
generados por la piratería digital. Así lo ha manifestado durante su participación en la Conferencia sobre la gestión colectiva de derechos de autor y derechos conexos en Europa que hoy concluyó en Bruselas.

"Las tarifas actuales son bajas, entre otras cosas, porque las paga todo el mundo, por lo que si una parte queda excluida el canon debe subir para que la compensación que reciben los autores siga siendo la misma", explica Rafael Sánchez, director gerente de Egeda. Si el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE) da la razón a la Audiencia Provincial de Barcelona y exime del pago a las empresas, Administraciones Públicas y despachos profesionales, ya sabemos lo que nos quedará por aguantar próximamente.

Actualizado: Interesante análisis de David Maeztu

APEMIT (Asociación Española de Pequeñas y Medianas Empresas de Informática y Nuevas Tecnologías) demandó a traves de una querella a las entidades de gestión SGAE, AGEDI y AIE por presuntos delitos de falsificación de documento oficial, usurpación de funciones públicas, tráfico de influencias y manipulación para alterar el precio de las cosas. Cuenta hoy El Economista que el profesor universitario Rafael Aracil, el perito que contrató la SGAE para elaborar un informe acerca de qué dispositivos electrónicos debían pagar el canon digital, se ha negado a declarar en los tribunales.

Hay que tener presente, en primer lugar, que en el local del demandado se escucha música electrónica de carácter alternativo, muy poco conocida, y que está dirigida a un tipo de público concreto alejado del gran consumidor de temas más o menos comerciales. Los testigos, clientes y empleados del local, corroboran que en CUATRO.COM [nombre erróneo del local usado en la sentencia] sólo se escucha este tipo de música libre, es decir, las obras conocidas como "copyleft" -en contraposición al "copyright"- (...) Por todo ello, debe desestimarse íntegramente la demanda. .

Con la reciente reforma de la LPI, con una nueva definición de copia privada más restringida y la incorporación del nuevo derecho de puesta a disposición, se ha dejado mucho lugar a la interpretación y, por lo tanto, también a la arbitrariedad en lo que respecta a la legalidad de la descarga de obras intelectuales a través de redes P2P. Si bien por vía penal no existe posibilidad de ser condenados a las penas de multa y prisión que prevé el artículo 270 del Código Penal, es posible que por vía civil los tribunales consideren actualmente esas copias como ilícitas y que puedan dar lugar por tanto a las indemnizaciones previstas en la LPI.

Desde hoy, la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) y otras 23 sociedades de gestión de derechos de autor de la Unión Europea deberán eliminar las restricciones territoriales que imponen en sus contratos de venta de licencias para difundir música por Internet, por cable o por satélite, según recoge el documento IP/08/1165 aprobado por la Comisión Europea. La Comisaria para la Competencia, Neelie Kroes, afirma que "esta decisión beneficiará la diversidad cultural y dejará de atentar contra las leyes comunitarias". Un autor podrá ahora elegir libremente las sociedades que se harán cargo de sus derechos más allá de las fronteras nacionales.

La SGAE no puede iniciar procesos judiciales contra 1.000 blogs que la critiquen (o que alberguen críticas de terceros), pero si plantea 3 o 4 bien escogidos y los gana, lo que consigue es que los otros 997 se autocensuren y no critiquen ni permitan críticas en sus blogs por miedo a un potencial litigio. En segundo lugar se está buscando establecer una jurisprudencia, puramente en base a casos en los que el demandante es la SGAE que establezca la responsabilidad de los intermediarios.

Hoy nos han remitido la sentencia del juicio por la demanda que la SGAE planteó contra mi por atentado a su honor. La juez acepta la demanda y la petición de condena que solicitaba la SGAE. Dice que ha habido menoscabo del honor de la SGAE y que yo soy responsable "como una suerte de colaborador necesario de las manifestaciones vertidas en su blog que atentan al honor de la actora y que (…) no sufrieron intervención alguna por parte del demandado". Afirma también que aunque sea de aplicación la LSSICE, no deja de serlo la ley de protección del derecho al honor. Como único precedente jurídico la juez cita la sentencia del caso PutaSGAE, que no es firme, puesto que hoy mismo el Tribunal Supremo ha admitido a trámite un recurso de casación contra ella

Según El Confidencial.com, el dirigente socialista negocia los últimos flecos de su contrato, después de que la nueva patronal intersectorial pensara en su persona para defender su causa ante los legisladores, tanto en Madrid como en Bruselas. Todo un acierto si pensamos que Manuel Marín atesora en su trayectoria ser diputado a Cortes desde 1979 a 1982, secretario de Estado hasta 1985, miembro de la Comisión Europea desde enero de 1986 siendo vicepresidente de la misma durante varios periodos, e incluso presidente en funciones de julio a septiembre de 1999, hasta su etapa más conocida como presidente del Congreso de los Diputados desde 2004, cuatro años después de su vuelta a la política nacional.

La Coalición -curioso nombre- está integrada por la Entidad de Gestión de Derechos de los Productos Audiovisuales (EGEDA), Productores de Música de España (PROMUSICAE), la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), la Federación para la Defensa de la Propiedad Intelectual (FAP), la Asociación de Distribuidores de Vídeos (ADIVAN), la Asociación de Distribuidores Cinematográficos (ADICAN). Hoy han pedido al Gobierno que persigan y terminen con la piratería en la red, llamando "robo" a las descargas: "Compartir lo ajeno es robar"

El Tribunal de Cuentas ha abierto una investigación sobre la "presunta financiación irregular de los partidos políticos a través de la exoneración, en todo o en parte, de los pagos por el llamado canon digital, del establecimiento de precios más bajos y de la financiación directa de entidades, fundaciones y organizaciones vinculadas a los mismos", según el documento remitido a los denunciantes, al que ha tenido acceso Libertad Digital.

En Público de hoy:

"La Audiencia Provincial de Barcelona ha suspendido el proceso judicial abierto contra el establecimiento comercial Padawan, dedicado a la venta de equipos informáticos y soportes vírgenes, al menos hasta decidir si consulta al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, ubicado en Luxemburgo, sobre la idoneidad de la legislación española relativa al llamado canon digital, de cuyo impago se acusa a Padawan"