El próximo día 9 de enero se reunirán en Madrid bloggers, expertos en tecnologías de la comunicación digital, juristas especialistas en derechos digitales y de autor, colectivos de creadores-productores y organizaciones de usuarios para analizar las nuevas propuestas del Gobierno sobre el polémico artículo incluido en el anteproyecto de Ley de Economía Sostenible, según el cual se permitiría la desconexión rápida de páginas web antes de una resolución judicial firme como paso previo en su objetivo final de poder desconectar a ciudadanos de Internet.

No hay ningún cambio en el redactado del Anteproyecto de Ley de Economía Sostenible -aquella que permite cerrar y bloquear webs sin previa orden judicial-. El Gobierno quiere aprobarlo este viernes o, al menos, remitirlo a los órganos consultivos (Consejo de Estado y el Consejo General del Poder Judicial en este caso) y, mediante reglamento posterior, introducir ciertas matizaciones. Con las reservas que supone que las hayamos conocido a través de una filtración a la prensa, hay que decir que los internautas no nos merecemos semejante pirueta normativa -que habrá que ver si jurídicamente es viable-: la Sección Segunda de la Comisión de la Propiedad Intelectual del Ministerio de Cultura tendrá que ir al juez para que, sin entrar en el fondo del asunto, la autorice al bloqueo de contenidos. El dueño del sitio podrá recurrir por vía judicial. "Si los jueces no te son favorables, cambia el árbitro de juego", parece transmitir dicha solución.Queremos que nunca haya una intervención previa en temas de telecomunicaciones sin que un juez lo diga mediante resolución motivada. Ni más ni menos.

El Gobierno presidido por José Luis Rodríguez Zapatero sigue intentando el más difícil todavía en el marco normativo a imponer en la Sociedad de la Información. El modelo que tienen en mente permitirá el bloqueo de las páginas o la retirada de contenidos supuestamente ilícitos por un procedimiento rápido -menos de un mes- a propuesta de la Comisión de la Propiedad Intelectual, pero con autorización judicial previa aunque el juez no entra en el fondo del asunto, sino que sólo decide si el organismo solicitante es pertinente para pedir la suspensión, y con ésta no se vulnera algún derecho fundamental. Esta intervención cautelar otorga una mayor rapidez al proceso. Se pretende introducir este mecanismo en un reglamento que desarrolle la disposición final de la Ley de Economía Sostenible. Parece que se intenta adoptar una solución que contente a todas las partes. ¿Lo hará?

Actualización 15:38h: 'La reforma totalitaria se viste de seda pero totalitaria se queda' (David Bravo) y 'Ya tenemos intervención judicial previa al cierre de webs' (David Maeztu)
19:10h: 'La Asociación de Internautas ve insuficiente la "autorización" judicial para cerrar las web' (AI) y 'La política del maquillaje' (Enrique Dans)
19:35h: 'No cuela' (Julio Alonso) y 'Cultura trata de maquillar su polémica aportación a la LES' (radiocable)
23:46h: 'El nuevo plan del Gobierno contra el P2P "no cuela"'

José Luis Rodríguez Zapatero, en una comparecencia en la que hizo balance de 2009, explicó que la polémica disposición final del Anteproyecto de Ley de Economía Sostenible -aquella que permite cerrar y bloquear webs sin previa orden judicial- no experimentará ningún cambio de momento, al menos, hasta los primeros días de este año. "El día 8 de enero, en el anteproyecto de Ley de Economía Sostenible irá la fórmula que remitiremos a los órganos consultivos", remató. En su día, el Presidente matizó que el Anteproyecto no permitiría cerrar ninguna página o blog aunque su intención era proteger también la propiedad intelectual. Veremos.