Tras denegar el pasado mes esta suspensión a la Asociación de Internautas, que recurrió la norma que regula la Comisión ante la Sala de lo Contencioso administrativo del TS, el alto tribunal, en un auto notificado ayer, ha adoptado la misma medida con otros de los recurrentes, en concreto la Red de Empresas de Internet (REI), admitida a trámite en febrero de este año.

Este martes 21 de septiembre de 2010, se acaba el plazo para que los grupos parlamentarios puedan aportar sus enmiendas a Ley de Economía sostenible y, con ella, la Disposición Final Segunda (anteriormente Disposición Final Primera) o "Ley Sinde" que ataca los derechos fundamentales en Internet en favor de lobbies industriales que no quieren reconvertirse. La misma Disposición cuya retirada cientos de miles de ciudadanos y ciudadanas han pedido de todas las formas. La misma se introdujo de espaldas al propio Parlamento; fue creada mientras una SubComisión Parlamentaria estaba trabajando sobre la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual. cuyas conclusiones no se escucharon y que no son otras que reformar en profundizar la LPI para encarar con seriedad y beneficio general los problemas generado por las innovaciones de la era digital. En definitiva, nos encontramos ante un desprecio a la labor de los Diputados que son los reprentantes de los ciudadanos y ciudadanas de este país.

Antes que nada queremos recordar a Zapatero que comete un craso error histórico cuando dice que en su tiempo la erradicación de la piratería permitió el libre comercio en la rutas marítimas. Es importante recordarle que fue exactamente lo contrario: cuando en 1778 se acabó con la negación de la realidad - se finiquitó la absurda prohibición de cruzar el Atlántico a cualquier barco que no fuera español -, sólo así se acabó con tres siglos de piratería. Tras las últimas declaraciones de Sinde que demuestran haber dado por bueno sin rechistar un informe absolutamente sesgado y parcial de la Coalición de Creadores mientras hace caso omiso de centenares de informes profesionales que demuestran justamente lo contrario; tras el voto del PP en Europa que pide el impulso de la ley Sinde; la sociedad civil está indignada viendo una clase política en su gran mayoría al servicio de intereses económicos particulares, los mismos que han llevado el país a la ruina.

"Es necesaria la autorización judicial para que los operadores que prestan servicios de comunicaciones electrónicas o de redes públicas de comunicación cedan los datos (...) conservados que se especifican en el art. 3 de la Ley 25/2007, de 18 de octubre" (PDF), afirma el Tribunal Supremo en una nota en la que informa de este acuerdo, tomado el pasado mes de febrero. Hasta ahora, los fiscales y la Policía podían solicitar directamente a los operadores la identidad del titular de un número de teléfono móvil o de una dirección IP determinada pero tal y como especifica el Supremo, si la Fiscalía necesitara dichos datos, sólo se obtienen mediante orden judicial. Parece obvio, ¿verdad? Ustedes ya saben que para algunos, no.

Las dos principales asociaciones de internautas en España quieren llevar el debate sobre la propiedad intelectual en Internet al Tribunal Constitucional y al de la Defensa de la Competencia en Europa, ya que consideran que la nueva legislación al respecto "vulnera derechos fundamentales". Esta es una de las acciones que han anunciado hoy los presidentes de la Asociación de Internautas y la Asociación de Usuarios de Internet, Víctor Domingo y Miguel Pérez Subías, después de que el primero compareciera ante la Comisión de Cultura del Senado para exponer su postura sobre este asunto.

Red SOStenible, plataforma que reagrupa a iniciativas, grupos, blogs, entidades y personas que están trabajando en defensa de los derechos en Internet, quiere proponer a todos los ciudadanos y ciudadanas la coordinación colaborativa de varias acciones que se llevarán a cabo para hacer llegar un mensaje claro de los internautas para los políticos sobre la inconveniencia de la Ley de Economía Sostenible. No podemos permitir de ninguna manera que sigan los intentos de vulnerar derechos fundamentales de las personas, sin la debida tutela judicial efectiva, para proteger derechos de menor rango como la propiedad intelectual. Es fácil y todos pueden colaborar. ¿Nos ayudas? :-)

El Consejo de Ministros aprobará hoy viernes en Sevilla - en pleno puente de San José - ese engendro llamado "Ley de Economía Sostenible", que incluye la conocida como "Ley Sinde", que permitirá el cierre de páginas web en sólo cuatro días. Nos sumamos a los blogs que republican hoy el manifiesto conjunto del pasado mes de diciembre. Es la primera vez que en BandaAncha.eu se repite una entrada, pero la extrema gravedad del tema lo merece. Si tienes página en la red, si publicaste en su momento el manifiesto, si la red es para ti algo importante; te invitamos a hacer lo mismo:

En un Consejo de Ministros que se celebra en Sevilla, el Gobierno aprobará mañana sin cambios -salvo sorpresa de última hora- la Ley de Economía Sostenible cuya Disposición Final Primera incluye la normativa para regular Internet, con un procedimiento que permitirá bloquear o cerrar páginas web de descargas de archivos protegidos por derechos de autor mediante una denuncia ante la Comisión de Propiedad Intelectual. Un Reglamento determinará la nueva estructura de Cultura mientras que la Ley ha previsto un proceso -en el caso de no desistir por vía administrativa- de un máximo de cuatro días. Se hace caso omiso a las 1.174 páginas adheridas a LaListaDeSinde.Net, al rechazo de los internautas a través de Red SOStenible (de la que BandaAncha.eu forma parte) o Asociación de Internautas, las objeciones del Consejo General de Poder Judicial y el Consejo Económico y Social o las críticas del Consejo Fiscal. El Gobierno ya tiene marcada una hoja de ruta al dictado de los artistas y entidades de gestión así como de EEUU y su acuerdo comercial ACTA.

Actualizado: Confirmado. El Gobierno deja intacta la 'ley antidescargas'. En la rueda de prensa, ni una pregunta sobre Internet. Queda el trámite parlamentario.

Entretanto, los jueces han

Al Ministerio de Cultura le ha correspondido el dudoso honor de ser el autor del peor anuncio del año 2009. La campaña Si eres legal, eres legal -aquella que equipara el acceso gratuito a obras culturales a través de las redes P2P con el atropello a un recién nacido- recibió el 45% de los votos que los usuarios han emitido a través de la página web de la asociación de consumidores FACUA, para coronar este anuncio como el peor del año pasado. Las votaciones han tenido lugar durante veintiún días, entre el 23 de febrero y las 17.00 horas del 15 de marzo, fecha en que se conmemora el Día Mundial de los Derechos de los Consumidores.

Raúl N. García Orejudo, Magistrado titular del Juzgado Mercantil nº 7 de Barcelona, ha establecido un punto de partida para el futuro de la Internet española. La entidad de gestión de derechos de autor, SGAE, demandó a Jesús Guerra, titular del sitio web www.elrincondejesus.com, sosteniendo como argumentación jurídica que servía para intercambio ilegal de obras musicales. "En dicha página web no se almacena ninguno de los archivos cuya referencia se indica (...) no se percibe cantidad alguna directa ni indirectamente relacionada con el servicio (...) El sistema de enlaces o links no supone ni distribución, ni reproducción ni comunicación pública (...) El sistema de enlaces constituye la base misma de Internet (...) En nuestro Derecho no está prohibido favorecer, orientar o ayudar mediante enlaces en la búsqueda de archivos que contengan obras protegidas para lograr su posterior descarga en las llamadas redes P2P", señala el juez en una una sentencia histórica

Ya son más de 1.174 las páginas adheridas a LaListaDeSinde.Net, una iniciativa de desobediencia digital contra el Anteproyecto de Ley de Economía Sostenible que pretende poner la propiedad intelectual por encima de los derechos fundamentales, la presunción de inocencia, libertad de expresión y acceso a la cultura. Hoy a las 12:00 horas se hará entrega pública en el Ministerio de Industria de esta lista que hace frente a la censura. Estas webs han decidido autoinculparse con el libre intercambio de archivos incluyendo en su web un buscador de enlaces P2P. En tanto los legisladores sigan encontrando importante la copia y no al autor en este juego de intereses, no habrá solución.

Perseguir de cualquier forma los enlaces de hipertexto, en tanto que simples enlaces, es perseguir Internet. Y es la forma más sencilla de conseguir la unidad de todas las fuerzas de resistencia en contra de la censura: algo que en cualquier otra circunstancia sería imposible, habida cuenta de las diferencias culturales e ideológicas de las diferentes tribus que conforman la Red (...) Los impulsores de la Disposición Final Primera de la Ley de Economía Sostenible son charlatanes, vendedores de elixires milagrosos, que han engañado a autores, editores, y aún a sí mismos, para mantener hasta el final una inmensa ficción jurídica: la posibilidad de perseguir o impedir la copia de las obras en cualquier tipo de circunstancia.

Lo que se ha atrevido a decir Alierta es la clave. Google desarrolla todo su entramado usando la línea telefónica, y no paga nada. Y lo mismo le ocurre a las operadoras con la industria de contenidos, que generan un negocio de consumo de ADSL y de ancho de banda. Lo lógico sería que Google pagara a las operadoras por usar su red y éstas, a su vez, nos pagaran a nosotros. Sería un modelo de negocio estable y sostenible.

Red SOStenible y La Quadrature du Net denuncian como ayer la presidencia europea española ha dirigido al consejo de la Unión Europea un documento en el que se equiparan a la brocha gorda la pedofilia, la propaganda fundamentalista y xenófoba y la vulneración de la propiedad intelectual. El documento ha provocado indignación dentro del Consejo por su claro cariz propagandista y por el evidente intento de justificar a nivel europeo, a través de la burda criminalización, las operaciones de apoyo incondicional a los lobbies de la industria cultural que España quiere llevar a cabo dentro de su territorio a través de la DF1 de la LES.

Esta semana hemos conocido el nuevo report de la IIPA (International Intellectual Property Alliance) y España permanece en su lista negra para 2010. El 'Informe 301' es una revisión anual sobre el estado de la protección de los derechos de propiedad intelectual. "Se necesita un protagonismo más activo del Gobierno Español contra la piratería (...)", afirman desde el organismo estadounidense que llega acusar a la Circular 1/2006 de la Fiscalía General del Estado como la causa de todos los males; pretenden, además, que sea anulada: "A resultas de la incertidumbre legal, la Policía no realiza acciones y debido al informe de la Fiscalía General los casos penales y contra portales con elinks, permanecen activos". Es más, piden la implicación -rompiendo la neutralidad de la red-, de los ISP. La presidencia española de la UE podría poner coto a este circunstancia y el Anteproyecto de Ley de Economía Sostenible, ha sido el primer paso.

El

La Disposición Final Primera del Anteproyecto incorpora la modificación de tres textos legales (...) es dudoso que la protección de la propiedad intelectual deba ponerse a la misma altura que el orden público, la investigación penal, la seguridad pública, la defensa nacional, la salud pública (...) En cualquier caso, lo que en ningún supuesto puede recabar la Comisión, ni puede ser proporcionado por los prestadores de servicios de la sociedad de la información son informaciones referidas a comunicaciones privadas que puedan afectar al derecho fundamental al secreto de las comunicaciones, que requieren ineludiblemente autorización judicial expresa en un marco penal.

Red-SOStenible considera como un primer movimiento en la dirección correcta, la decisión del Parlamento de votar positivamente a la moción que concierne la Disposición Final Primera de la Ley de Economía Sostenible. Ésta, recoge sólo parte de lo exigido por la ciudadanía desde la aparición de dicha Ley: un escenario de seguridad jurídica en Internet que garantice el equilibrio entre derechos fundamentales y los derechos de cualquier persona a beneficiarse de la protección de los intereses morales y materiales resultantes de cualquier producción científica, literaria o artística, de la que él o ella sea autor (Art. 27 de la Declaración Universal de Derechos Humanos).

(...) sería oportuno que (...) [se] señalase con exactitud el sujeto a quien corresponde solicitar del Juzgado competente la autorización para la ejecución de las medidas adoptadas por la Sección Segunda CPI (si es la propia Comisión o son los interesados en el procedimiento), así como el sujeto responsable de prestar caución para la hipótesis de que el Juzgado condicione la autorización al otorgamiento de dicha garantía

Tras revisar la cadena de valor de la industria y su inadaptación al nuevo entorno, traté de emplazarlos a plantear la reforma de la ley del copyright en términos de "viejo modelo vs. nuevo modelo": el viejo modelo, el centrado en torno a los soportes y las copias, es un caballo muerto. Y cuando tienes un caballo muerto, puedes usar un látigo mejor, cambiar de jinete, amenazar al caballo con despedirlo, nombrar un comité de estudio de caballos muertos, visitar otros países a ver como montan caballos muertos, cambiar las leyes para favorecer a los caballos muertos, reclasificarlos como "vivos inmóviles", unir varios caballos muertos en un mismo tiro, subvencionarlos, promocionarlos como supervisores de otros caballos, redefinir las prestaciones de los caballos para que los muertos cualifiquen mejor… pero al final, estarás mejor desmontando y cambiando de caballo

Con la venia de Sus Señorías: Dirigimos la presente carta a todas las Asociaciones Judiciales, así como a todas y cada una de las personas que ostentan en España el cargo de Juez o Magistrado. La escribimos desde la plataforma Red SOStenible, creada recientemente por un grupo diverso y heterogéneo de personas, -profesionales de la creación artística, de la informática, del mundo empresarial y jurídico, trabajadores y trabajadoras de toda condición- todas ellas preocupadas por algunas iniciativas que ponen en riesgo Libertades y Derechos Fundamentales consagrados en nuestra Carta Magna y, particularmente, la Disposición Final Primera del Anteproyecto de la denominada Ley de Economía Sostenible.

La Comisión de Cultura y Educación de la UE recibirá el día 3 de febrero a una delegación de Red SOStenible para que le presente la Carta con sus demandas y las problemáticas específicas de la situación española. El Gobierno pretende introducir modificaciones legales deprisa y corriendo, anticipando los estudios que está realizando el propio Parlamento a través de la Subcomisión de Propiedad Intelectual puesta en marcha el pasado verano por la Comisión de Cultura del Congreso. A pesar de ello, con la repentina inclusión de la Disposición Final Primera del Anteproyecto de Ley de Economía Sostenible, se ha ninguneado al Parlamento en favor de las exigencias de la Coalición de Creadores que tratan de impedir que el poder judicial pueda pronunciarse con las debidas garantías sobre si alguien está violando la propiedad intelectual o no. Red SOStenible invita a la ciudadanía a sumarse para interpelar a partidos políticos e instituciones.

Consideramos imprescindible la retirada de la disposición final primera de la Ley de Economía Sostenible por los siguientes motivos:

1 -Viola los derechos constitucionales en los que se ha de basar un estado democrático en especial la presunción de inocencia, libertad de expresión, privacidad, inviolabilidad domiciliaria, tutela judicial efectiva, libertad de mercado, protección de consumidoras y consumidores, entre otros.

Representantes de algunos de los colectivos de internautas más activos en la Red, expertos en tecnologías de la comunicación digital, juristas especialistas en derechos digitales y de autor, colectivos de creadores-productores y organizaciones de usuarios se han reunido en Madrid hoy -BandaAncha.eu estuvo presente- por espacio de más de siete horas para acordar una respuesta conjunta a las medidas anunciadas por el Gobierno para desconectar los sitios web que, a juicio de una comisión del Ministerio de Cultura, estén violando la Propiedad Intelectual. "Según las afirmaciones hechas por el Ministro de Justicia, las medidas legales que preparan suponen un retroceso en los derechos y libertades que se habían conseguido", ha explicado el letrado Javier Maestre. Esta es una declaración de principios básicos. La semana que viene se emitirá un comunicado una vez que se conozca el texto definitivo.

Actualizado: Vídeo de la noticia en RTVE y cobertura en Antena3. Añadimos viñeta de Manel Fontdevila.

La negativa internauta se hace notar desde que ayer se presentara la nefasta solución de Zapatero contra las descargas. Según Nicolás García Rivas, catedrático de Derecho Penal, "el sistema explicado por el ministro parece ideado por un enemigo del Gobierno o, lo que es peor, por los asesores de las entidades gestoras de los derechos de autor". Entretanto, el director de la Coalición de Creadores, Joan Navarro, se ha felicitado por cómo marchan las cosas; sus declaraciones son bastante elocuentes: "conseguirá que más del 80% de las denuncias acaben con el desistimiento de la web denunciada y no hará falta la orden de cierre, y sólo en el 20% de los casos tendrá que intervenir el juez, es decir, el efecto sobre la piratería va a ser demoledor". Algún autor ya ha dejado su pincelada también: "El que quiera música en su boda tiene que pagar, como paga los langostinos", afirma Víctor Manuel.