El Fiscal ha acordado el sobreseimento provisional de una denuncia de Nintendo contra una central de compras de Salamanca -Grupo Movilquick S.L- que distribuía a lo largo de distintas provincias cartuchos para las consolas DS que incorporan una ranura para introducir tarjetas de memoria. Y es que dichas tarjetas pueden servir para almacenar en ellas tanto juegos como cualquier contenido propio, como documentos de texto, música o fotos. Una decisión parecida en su día a la tomada en algunos casos de 'chips' para PlayStation.

(...) la administración de las páginas se realiza, desde cualquier ordenador con acceso a Internet, incluso con teléfonos móviles, directamente en el servidor, donde si podrían figurar datos sobre visitas, en ningún caso sobre descargas, al no alojarse en él los contenidos, por cuanto al tratarse de enlaces la descarga se realiza entre los usuarios, correspondiendo los números que figuran en las páginas como descargas a las visitas a las mismas

El Juzgado de Instrucción nº2 de Vitoria-Gasteiz ha denegado el cierre cautelar de Cinetube porque "a la vista de las diligencias practicadas y especialmente de los datos obrantes en el atestado se desprende que no existe en los denunciados un ánimo de lucro directo por la difusión de las películas ofrecidas, puesto que los ingresos se obtienen únicamente a través de la publicidad que se inserta en la página web de autos".

Se ratifica en el caso eMule24horas que los imputados no eran los que introducían en Internet el material y contenidos, protegidos por los derechos de propiedad intelectual que es objeto de intercambio, ni que fueran los mismos los que lo ejecutaran siendo únicamente los administradores de una página web que en sí no es ilícita. Queda confirmado, por tanto, el sobreseimiento libre y el archivo de estas actuaciones, sin perjuicio de las acciones civiles que en su caso, puedan corresponder al perjudicado.

La Audiencia de Barcelona revisó el pasado martes el caso contra los responsables de una web con enlaces a material sujeto a propiedad intelectual. Contra lo que venía ocurriendo en casos similares, el fiscal se opuso al archivo del caso como pedía la defensa. De hecho, es la primera vez que, al menos en Catalunya, el ministerio fiscal no pide el sobreseimiento de una causa contra una página de enlaces. Según ha podido conocer BandaAncha.eu, no serán los únicos casos.

Según publica El País, en una reunión en la que han estado presentes los responsables de las discográficas Warner, Emi y Música Global, Charlie Sánchez, Simone Bosé y Salvador Cufi, el presidente de La Federación Internacional de Productores Fonográficos (IFPI), John Kennedy y Antonio Guisasola, presidente de Promusicae, se ha acordado reclamar al Gobierno una legislación que les proteja contra la piratería y no descartan medidas tajantes como el corte del acceso a internet a quienes realicen descargas ilegales.

En su guía para evitar la piratería en los cines, la FAP alerta a los encargados de las salas de que es en los primeros días de estreno cuando han de extremar las medidas de seguridad. Además de echar el cerrojo a la cabina de proyección, aconseja que el personal use gafas de visión nocturna para cazar a los que graban a escondidas. Uno de los que ha sufrido este acoso es Rafael Mayoral en los Yelmo Cineplex del centro comercial Puerta de Alicante, el pasado viernes 4.

Las operaciones policiales contra el P2P en España siguen quedando en humo. Naiadadonkey fue una de las páginas afectadas en su día. Hace tres años, se hablaba de 900.000 euros de beneficios para varios webmasters de manera frívola y preocupante en los medios. Hoy, conocemos que este caso -junto con otros de la época- ha obtenido el sobreseímiento libre. "Resulta complicado criminalizar a alguien que ha creado una herramienta tecnológica, pues ello crea una incertidumbre absoluta para todos aquellos que apuestan por la innovación", afirma el Juzgado de Instrucción nº 3 de Alcoy. Se ha presentado recurso de reforma y subsidiario de apelación por parte de las acusaciones personadas.

La ministra de Sanidad y Política Social, Trinidad Jiménez, se encuentra entre los ministros más valorados del Gobierno, sólo por detrás de Alfredo Pérez Rubalcaba, María Teresa Fernández de la Vega y Carmen Chacón, por este orden, según el Barómetro de Julio, del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). Por contra, la nota más baja la obtiene la ministra de Cultura, Angeles González Sinde, con un 3,41. Según varios medios, Sinde dejó de administrar una empresa de cine hace cuatro días.

(...) deberían modificarse la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal, la Ley de Enjuiciamiento Civil, la Ley de Propiedad Intelectual, y ya puestos, el Código Penal y la Constitución Española. Es decir, todas aquellas garantías legales que hasta la fecha han impedido la persecución de aquellos que comparten cultura sin ánimo de lucro. Además del principio de presunción de inocencia y el derecho a la libertad de expresión, invocados por el Consejo Constitucional francés para bloquear la Ley Hadopi, a los internautas españoles les asiste el artículo 18 de la Constitución Española, que garantiza el secreto de las comunicaciones salvo resolución judicial. Un derecho éste que no pueden vulnerar ni el Gobierno, ni los titulares de derechos de autor, ni las operadoras de telecomunicaciones

El auto nº 138/09 del Juzgado de lo Mercantil nº 7 de Barcelona ha dispuesto en el procedimiento que la SGAE ha interpuesto contra el webmaster de www.elrincondejesus.com que no hay acomodo para el cierre cautelar. Todos los casos que se están sucediendo en España están determinando que el artículo 17 de la LSSI impide perseguir al mero enlazador, norma jurídica que la Directiva 2000/31/CE, de Comercio Electrónico no preveía pero que está sirviendo de salvavidas para los sufridos demandados. La propia naturaleza de Internet hubiera hecho el resto si la legislación nos hubiera dado la espalda.

Lamento la facilidad para copiar; queremos todo rápido y gratis (...) también hay esa idea de que el usuario tipo es Enjuto Mojamuto, de Muchachada Nui; y no, somos más. Lo ideal sería que ocurriera como en Estados Unidos, donde se han puesto de acuerdo tanto los las empresas de telecomunicación con los que fabrican los contenidos. Hay que ponerse a hablar con todos los sectores implicados, con expertos, ver lo que hacen en otros países y a partir de ahí acometer algún tipo de acción conjunta, porque Internet no tiene fronteras

(...) La prohibición de herramientas supone un freno al desarrollo humano. Imaginen por un momento un mundo en el que alguien hubiese ilegalizado el alfabeto, la imprenta, la máquina de escribir... Los mismos que prohíben los programas de ordenador, a causa del uso indebido de los mismos, jamás se plantearían legislar contra otras herramientas de uso masivo en nuestra sociedad, por muy pervertida que haya sido su utilización en distintos momentos de la historia. Por mucho que hayan evolucionado las quijadas de asno.

Si estudiamos el Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias o Artísticas, o la Ley de Propiedad Intelectual, observaremos que todo gira alrededor del concepto de copia: distribución, reproducción, comunicación pública… A medida que las multinacionales del entretenimiento han ido moldeando la ley a su antojo, la han hecho girar cada vez más sobre su modelo de negocio: la venta de copias de obras empaquetadas. Se trata de un derecho pensado para un mundo en el que la realización de copias se basaba en la exclusiva tecnológica. Pero el mundo ha cambiado, y ahora cualquier ciudadano puede realizar una copia perfecta. El modelo de negocio ha de cambiar, y el derecho también.

La negativa a ejercer de Gran Hermano sobre los internautas y vulnerar así, de paso, algún principio fundamental, había roto las relaciones entre la industria cultural y los operadores. Ayer tarde, Aldo Olcese, presidente de la Coalición de Creadores e Industrias de Contenidos, la plataforma que engloba a la industria audiovisual española, propuso en el VI Foro de las Evidencias Electrónicas reducir la velocidad de acceso a los internautas que persistan en descargarse archivos protegidos por derechos de autor. "No vamos a ir contra el que consume, nuestro objetivo son los distribuidores", matizó.

En el presente caso, no ha quedado debidamente acreditado, que los imputados conocieran que la información a que remiten o reconducen a los usuarios que acceden a su página, sea ilícita o que, por otro lado, lesione bienes y derechos de un tercero susceptibles de ser indemnizados, en consecuencia, de lo actuado no aparece debidamente justificada la perpetración del delito que ha dado motivo a la formación de la causa

Desde las elecciones generales y, ahora, con las europeas, el Partido Popular está realizando guiños a los internautas. Durante un mitín en Oviedo, su presidente, Mariano Rajoy, ha avisado de que acudirá al Tribunal Constitucional en caso de que en España el Gobierno implante una normativa similar a la francesa, conocida como ley Sarkozy. Sin embargo, en las últimas oportunidades trascendentes para no alterar la neutralidad de Internet, el llamado 'paquete telecom', tanto PP como PSOE fueron de la mano en las votaciones.

La reforma legal denunciada, regula el comercio electrónico supuestamente para impulsarlo y actualizarlo, sin embargo, introduce nuevos sistemas indeterminados de control de contenidos y, lo que es peor, simultaneados con la actividad judicial. En España hasta ahora, sólo la autoridad judicial era en exclusiva competente para ejecutar el control de la información de carácter comercial, sin embargo la Ley 56/2007, de 28 de diciembre, de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información, otorga a las Administraciones Públicas y cualesquiera "órganos competentes", la capacidad para retirar contenidos en Internet.