Red SOStenible y La Quadrature du Net denuncian como ayer la presidencia europea española ha dirigido al consejo de la Unión Europea un documento en el que se equiparan a la brocha gorda la pedofilia, la propaganda fundamentalista y xenófoba y la vulneración de la propiedad intelectual. El documento ha provocado indignación dentro del Consejo por su claro cariz propagandista y por el evidente intento de justificar a nivel europeo, a través de la burda criminalización, las operaciones de apoyo incondicional a los lobbies de la industria cultural que España quiere llevar a cabo dentro de su territorio a través de la DF1 de la LES.

Esta semana hemos conocido el nuevo report de la IIPA (International Intellectual Property Alliance) y España permanece en su lista negra para 2010. El 'Informe 301' es una revisión anual sobre el estado de la protección de los derechos de propiedad intelectual. "Se necesita un protagonismo más activo del Gobierno Español contra la piratería (...)", afirman desde el organismo estadounidense que llega acusar a la Circular 1/2006 de la Fiscalía General del Estado como la causa de todos los males; pretenden, además, que sea anulada: "A resultas de la incertidumbre legal, la Policía no realiza acciones y debido al informe de la Fiscalía General los casos penales y contra portales con elinks, permanecen activos". Es más, piden la implicación -rompiendo la neutralidad de la red-, de los ISP. La presidencia española de la UE podría poner coto a este circunstancia y el Anteproyecto de Ley de Economía Sostenible, ha sido el primer paso.

La Disposición Final Primera del Anteproyecto incorpora la modificación de tres textos legales (...) es dudoso que la protección de la propiedad intelectual deba ponerse a la misma altura que el orden público, la investigación penal, la seguridad pública, la defensa nacional, la salud pública (...) En cualquier caso, lo que en ningún supuesto puede recabar la Comisión, ni puede ser proporcionado por los prestadores de servicios de la sociedad de la información son informaciones referidas a comunicaciones privadas que puedan afectar al derecho fundamental al secreto de las comunicaciones, que requieren ineludiblemente autorización judicial expresa en un marco penal.

Red-SOStenible considera como un primer movimiento en la dirección correcta, la decisión del Parlamento de votar positivamente a la moción que concierne la Disposición Final Primera de la Ley de Economía Sostenible. Ésta, recoge sólo parte de lo exigido por la ciudadanía desde la aparición de dicha Ley: un escenario de seguridad jurídica en Internet que garantice el equilibrio entre derechos fundamentales y los derechos de cualquier persona a beneficiarse de la protección de los intereses morales y materiales resultantes de cualquier producción científica, literaria o artística, de la que él o ella sea autor (Art. 27 de la Declaración Universal de Derechos Humanos).

(...) sería oportuno que (...) [se] señalase con exactitud el sujeto a quien corresponde solicitar del Juzgado competente la autorización para la ejecución de las medidas adoptadas por la Sección Segunda CPI (si es la propia Comisión o son los interesados en el procedimiento), así como el sujeto responsable de prestar caución para la hipótesis de que el Juzgado condicione la autorización al otorgamiento de dicha garantía

Tras revisar la cadena de valor de la industria y su inadaptación al nuevo entorno, traté de emplazarlos a plantear la reforma de la ley del copyright en términos de "viejo modelo vs. nuevo modelo": el viejo modelo, el centrado en torno a los soportes y las copias, es un caballo muerto. Y cuando tienes un caballo muerto, puedes usar un látigo mejor, cambiar de jinete, amenazar al caballo con despedirlo, nombrar un comité de estudio de caballos muertos, visitar otros países a ver como montan caballos muertos, cambiar las leyes para favorecer a los caballos muertos, reclasificarlos como "vivos inmóviles", unir varios caballos muertos en un mismo tiro, subvencionarlos, promocionarlos como supervisores de otros caballos, redefinir las prestaciones de los caballos para que los muertos cualifiquen mejor… pero al final, estarás mejor desmontando y cambiando de caballo

Con la venia de Sus Señorías: Dirigimos la presente carta a todas las Asociaciones Judiciales, así como a todas y cada una de las personas que ostentan en España el cargo de Juez o Magistrado. La escribimos desde la plataforma Red SOStenible, creada recientemente por un grupo diverso y heterogéneo de personas, -profesionales de la creación artística, de la informática, del mundo empresarial y jurídico, trabajadores y trabajadoras de toda condición- todas ellas preocupadas por algunas iniciativas que ponen en riesgo Libertades y Derechos Fundamentales consagrados en nuestra Carta Magna y, particularmente, la Disposición Final Primera del Anteproyecto de la denominada Ley de Economía Sostenible.

La Comisión de Cultura y Educación de la UE recibirá el día 3 de febrero a una delegación de Red SOStenible para que le presente la Carta con sus demandas y las problemáticas específicas de la situación española. El Gobierno pretende introducir modificaciones legales deprisa y corriendo, anticipando los estudios que está realizando el propio Parlamento a través de la Subcomisión de Propiedad Intelectual puesta en marcha el pasado verano por la Comisión de Cultura del Congreso. A pesar de ello, con la repentina inclusión de la Disposición Final Primera del Anteproyecto de Ley de Economía Sostenible, se ha ninguneado al Parlamento en favor de las exigencias de la Coalición de Creadores que tratan de impedir que el poder judicial pueda pronunciarse con las debidas garantías sobre si alguien está violando la propiedad intelectual o no. Red SOStenible invita a la ciudadanía a sumarse para interpelar a partidos políticos e instituciones.

Consideramos imprescindible la retirada de la disposición final primera de la Ley de Economía Sostenible por los siguientes motivos:

1 -Viola los derechos constitucionales en los que se ha de basar un estado democrático en especial la presunción de inocencia, libertad de expresión, privacidad, inviolabilidad domiciliaria, tutela judicial efectiva, libertad de mercado, protección de consumidoras y consumidores, entre otros.

Representantes de algunos de los colectivos de internautas más activos en la Red, expertos en tecnologías de la comunicación digital, juristas especialistas en derechos digitales y de autor, colectivos de creadores-productores y organizaciones de usuarios se han reunido en Madrid hoy -BandaAncha.eu estuvo presente- por espacio de más de siete horas para acordar una respuesta conjunta a las medidas anunciadas por el Gobierno para desconectar los sitios web que, a juicio de una comisión del Ministerio de Cultura, estén violando la Propiedad Intelectual. "Según las afirmaciones hechas por el Ministro de Justicia, las medidas legales que preparan suponen un retroceso en los derechos y libertades que se habían conseguido", ha explicado el letrado Javier Maestre. Esta es una declaración de principios básicos. La semana que viene se emitirá un comunicado una vez que se conozca el texto definitivo.

Actualizado: Vídeo de la noticia en RTVE y cobertura en Antena3. Añadimos viñeta de Manel Fontdevila.

La negativa internauta se hace notar desde que ayer se presentara la nefasta solución de Zapatero contra las descargas. Según Nicolás García Rivas, catedrático de Derecho Penal, "el sistema explicado por el ministro parece ideado por un enemigo del Gobierno o, lo que es peor, por los asesores de las entidades gestoras de los derechos de autor". Entretanto, el director de la Coalición de Creadores, Joan Navarro, se ha felicitado por cómo marchan las cosas; sus declaraciones son bastante elocuentes: "conseguirá que más del 80% de las denuncias acaben con el desistimiento de la web denunciada y no hará falta la orden de cierre, y sólo en el 20% de los casos tendrá que intervenir el juez, es decir, el efecto sobre la piratería va a ser demoledor". Algún autor ya ha dejado su pincelada también: "El que quiera música en su boda tiene que pagar, como paga los langostinos", afirma Víctor Manuel.

Tal y como se esperaba, en una comparecencia que ha tenido lugar hace escasos instantes, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, y el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, presentaron la disposición final de Ley Economía Sostenible que contiene la normativa para regular Internet y ha aprobado el procedimiento que permitirá bloquear o cerrar páginas web de descargas de archivos protegidos por derechos de autor mediante una denuncia ante la Comisión de Propiedad Intelectual. Un Reglamento determinará la nueva estructura de Cultura mientras que la Ley ha previsto un proceso -en el caso de no desistir por vía administrativa- de un máximo de cuatro días. El titular de Justicia (escuchar sus palabras) ha llegado a comparar el derecho a la propiedad intelectual con un derecho fundamental. Tras la aprobación hoy en el Consejo de Ministros, el paquete de medidas pasará el visto bueno del Consejo de Estado y del Consejo General del Poder Judicial y continuará el trámite, junto con la Ley de Economía Sostenible. Para después del verano, se espera la puesta en marcha de toda esta maquinaria.

Actualizado 16:40h: 'Propiedad intelectual o libertad de expresión: ¿Qué derecho prevalece aquí?' (Carlos Sánchez Almeida)

17:46h: El texto definitivo de la ley se podrá consultar en www.meh.es desde el próximo lunes hasta el 26 de enero

18:48h: 'Un regalo envenenado contra las descargas ilegales' (José Ramón Cháves García)

20:50h: 'Cuando la lógica de la ley linda con el absurdo' (Pepe Cervera)

23:58h: 'La injusticia express de la SGAE' (Ignacio Escolar)

El próximo día 9 de enero se reunirán en Madrid bloggers, expertos en tecnologías de la comunicación digital, juristas especialistas en derechos digitales y de autor, colectivos de creadores-productores y organizaciones de usuarios para analizar las nuevas propuestas del Gobierno sobre el polémico artículo incluido en el anteproyecto de Ley de Economía Sostenible, según el cual se permitiría la desconexión rápida de páginas web antes de una resolución judicial firme como paso previo en su objetivo final de poder desconectar a ciudadanos de Internet.

No hay ningún cambio en el redactado del Anteproyecto de Ley de Economía Sostenible -aquella que permite cerrar y bloquear webs sin previa orden judicial-. El Gobierno quiere aprobarlo este viernes o, al menos, remitirlo a los órganos consultivos (Consejo de Estado y el Consejo General del Poder Judicial en este caso) y, mediante reglamento posterior, introducir ciertas matizaciones. Con las reservas que supone que las hayamos conocido a través de una filtración a la prensa, hay que decir que los internautas no nos merecemos semejante pirueta normativa -que habrá que ver si jurídicamente es viable-: la Sección Segunda de la Comisión de la Propiedad Intelectual del Ministerio de Cultura tendrá que ir al juez para que, sin entrar en el fondo del asunto, la autorice al bloqueo de contenidos. El dueño del sitio podrá recurrir por vía judicial. "Si los jueces no te son favorables, cambia el árbitro de juego", parece transmitir dicha solución.Queremos que nunca haya una intervención previa en temas de telecomunicaciones sin que un juez lo diga mediante resolución motivada. Ni más ni menos.