La Comisión Europea -tras iniciar una investigación sobre el caso por iniciativa propia en enero de 2011- ha impuesto una sanción de casi 67 millones de euros a Telefónica y a Portugal Telecom por pactar no competir entre sí en los mercados de telecomunicaciones de la península Ibérica. En el pacto se incluyó en el contrato de adquisición por parte de Telefónica en julio de 2010 del operador móvil brasileño Vivo, hasta entonces propiedad conjunta de la española y la portuguesa
Al mantener el statu quo en España y Portugal, el acuerdo impedía el proceso de integración del sector de las telecomunicaciones en la UE. Los acuerdos de no competencia constituyen una de las infracciones más graves contra la normativa sobre competencia de la UE, ya que las consecuencias pueden ser unos precios más elevados y menos capacidad de elección para los consumidores
La Comisión Europea ha afirmado que el acuerdo ilegal se mantuvo desde septiembre de 2010 hasta febrero 2011, periodo por el que tendrán que abonar 66,89 millones de euros, en el caso de la operadora española y 12,89 euros, en el caso de Portugal Telecom. Telefónica previsiblemente recurrirá esta multa como ha hecho en otras ocasiones.