El sistema central que las operadoras de telefonía móvil utilizan desde hace un año para gestionar entre ellas las portabilidades de los usuarios, sufrió dos retrasos en su puesta en marcha por culpa de Vodafone. La CMT sanciona a la operadora tras comprobar que impidió la portabilidad de 13.870 usuarios durante los meses de marzo, abril y mayo de 2010.
El 20 de febrero de 2010 estaba previsto que empezase a funcionar el Nodo Central de la portabilidad móvil, un sistema auspiciado por la CMT para que las operadoras móviles gestionen de forma centralizada y en igualdad de condiciones las portabilidades de numeración móvil y los procedimientos de cambio de operador que solicitan los usuarios. La fecha no se cumplió debido a que Vodafone no fue capaz de adaptar sus sistemas internos al nuevo modelo centralizado.
Al iniciar un usuario la portabilidad, el operador donante tiene 48 horas para revisar la petición. La normativa le obliga a dar una respuesta en este periodo y sólo puede ser negativa por causas justificadas. Si no responde dentro del plazo el sistema cancela la portabilidad automáticamente.
Durante los primeros días de la puesta en marcha del Nodo Central, Vodafone no atendió un importante número de portabilidades salientes, dejando que se rechazaran al caducar el plazo de respuesta.
Vodafone acumuló, durante los quince primeros días de marzo, una tasa de rechazos en relación con las solicitudes de portabilidad muy superior a la tasa generada por los otros dos operadores [Movistar y Orange]] en conjunto. Así es, mientras que la tasa de Vodafone alcanzó la cifra de 21%, la tasa media de los otros dos operadores ascendió al 9%.
La conducta de Vodafone impactó sobre el derecho de un gran número de abonados afectados por sus incidencias, al ver restringida durante un tiempo su capacidad de cambiar de proveedor de servicios debido al rechazo de su solicitud sin motivo justificado. Así es, debido a las incidencias sufridas por Vodafone en sus sistemas de la portabilidad, los operadores receptores tuvieron que reiniciar de nuevo las peticiones de los abonados de cambio de operador, sin tener plenas garantías de que la misma no fuera nuevamente rechazada por Vodafone.
La multa propuesta inicialmente por la infracción, calificada de muy grave, era de 500.000 €, pero el importe se ha visto finalmente rebajado a la mitad. La CMT considera como factores atenuantes que las líneas afectadas fueron menos del 1,2% del total de portabilidades iniciadas durante los meses en los que se produjo la incidencia y que no había intencionalidad por parte de Vodafone, además de que esto no le reportó beneficio económico.
