Según un informe hecho público hoy de la Comisión Europea remitido al Consejo, Bruselas está sopesando reducir el tiempo de conservación de los datos de las telecomunicaciones, que los operadores están obligados a retener -entre seis meses y dos años- para investigaciones sobre terrorismo u otros delitos graves, con el fin de garantizar una mejor protección del derecho a la intimidad. El informe concluye que no se ha demostrado su utilidad en la persecución de acciones delictivas. Fuentes anónimas consultadas por BandaAncha.eu ponen de manifiesto que los operadores españoles tampoco cumplen en todos los casos con la directiva 2006/24/CE.
Cecilia Malmström, comisaria de Interior, señala que "mientras no se establezcan más medidas de protección, seguirá existiendo el riesgo de que se produzcan violaciones de la seguridad de los datos" al tiempo que alude a que han detectado "deficiencias importantes" en la aplicación de la directiva.
De acuerdo con los datos de Bruselas, el coste de poner en marcha un sistema de retención de datos para un proveedor de acceso a Internet se sitúa en alrededor de 375.000 euros el primer año y 10.000 euros en costes operativos.
España convirtió en 2007 la obligación europea en la Ley 25/2007, de 18 de octubre, de conservación de datos relativos a las comunicaciones electrónicas y a las redes públicas de comunicaciones
