La Fundación Guifi.Net ha presentado un recurso contra la CMT ante la Audiencia Nacional y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, para defender que los ayuntamientos puedan utilizar su modelo de red abierta sin ánimo de lucro y no se les obligue a actuar como operadoras privadas o con importantes limitaciones.
La raíz del problema está en las obligaciones que la CMT impone a las administraciones públicas para actuar como operadores de telecomunicaciones, según el "principio de inversor privado". Para Guifi.Net, la CMT no reconoce el modelo utilizado por más de 50 ayuntamientos de pequeño y medio tamaño, que se han unido a la red abierta de guifi.net aportando nodos propios, a través de los que dan acceso a Internet sin coste a sus ciudadanos.
Este modelo consiste en una red abierta basada en un acuerdo de interconexión entre los participantes en el cual se obligan a proporcionarse tránsito entre ellos y hasta a facilitarlo sin ningún tipo de compensación económica por ese concepto, mientras que asumen el coste del despliegue de sus respectivos tramos de red.
Al utilizar los ayuntamientos un modelo diferente al que utilizan las operadoras, la CMT exige un estudio particular de cada caso, imponiendo limitaciones de velocidad y otros aspectos. Estos tramites suponen un lastre que beneficia a las operadoras, según el recurso.
Creemos que la CMT no actúa de forma imparcial sino en exceso en beneficio de los grupos de presión que defienden intereses de los operadores comerciales que explotan redes propietarias o de los que se benefician de concesiones en exclusiva para el despliegue y la explotación de servicios electrónicos en formato cerrado.
El problema afecta principalmente a los ayuntamientos de reducido tamaño, que deben cumplir realizar tramites complejos para simplemente dar acceso a Internet a través de un punto WiFi conectado a un ADSL.
Sirva de ejemplo un caso real que se produce con el texto actual de la Circular: [...] Un Ayuntamiento de una población pequeña que decida conectar un acceso de tipo ADSL del Telecentro para se accesible a los usuarios del mismo a través de una red abierta , algo que típicamente puede realizarse con una actuación "menor", esto es, a partir de unos 2.000€, por lo que no se justifican cargos adicionales, cabe interpretar que debe de pedirse autorización caso por caso (a pesar de ser un modelo ya conocido e idéntico en muchos municipios) con un trámite mucho más complejo que el actual, incluyendo una "consulta pública" y la aportación de un "plan de negocio", (para una simple adsl) trámites que son evidentemente desproporcionados para la naturaleza de la actuación.
Puedes ver el contenido completo del recurso. Infografía tomada de La Voz de Asturias.
