Red SOStenible considera un primer paso la moción aprobada en el Parlamento

Red-SOStenible considera como un primer movimiento en la dirección correcta, la decisión del Parlamento de votar positivamente a la moción que concierne la Disposición Final Primera de la Ley de Economía Sostenible. Ésta, recoge sólo parte de lo exigido por la ciudadanía desde la aparición de dicha Ley: un escenario de seguridad jurídica en Internet que garantice el equilibrio entre derechos fundamentales y los derechos de cualquier persona a beneficiarse de la protección de los intereses morales y materiales resultantes de cualquier producción científica, literaria o artística, de la que él o ella sea autor (Art. 27 de la Declaración Universal de Derechos Humanos).

Tal equilibrio sólo puede conseguirse con la garantía de que sólo la autoridad judicial podrá decidir cuando se produce una infracción sobre dichos los derechos de terceros y sólo ella podrá adoptar medidas que supongan la interrupción o restricción de servicio o la retirada de contenidos, tal como está indicado, entre otras cosas, en la petición fundacional de Red-SOStenible y en el Manifiesto en defensa de los derechos fundamentales en Internet.

Red-SOStenible entiende que, una vez aprobada esta moción, el Parlamento está obligado, en consecuencia, a exigir la retirada de la Disposición Final Primera de la Ley de Economía Sostenible. Además el objetivo de protección efectiva de los intereses materiales de los derechos de autor (que raras veces están en manos de los autores y casi siempre en manos de empresas) podría lograrse, sin afectar a otros derechos fundamentales y manteniendo el amparo jurídico de los ciudadanos, con sólo y únicamente modificar la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (34/2002).

La masiva y corporativamente represiva SS (Sección Segunda de la comisión de Propiedad Intelectual del Ministerio de Cultura) no tiene razón de existir.

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Texto de la moción aprobada

El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a impulsar un escenario de seguridad jurídica en Internet, que garantice un equilibrio entre, por un lado, la protección eficaz de los derechos de propiedad intelectual y, por otro, el respeto de los derechos fundamentales de los ciudadanos -particularmente el derecho a la intimidad, el secreto de las comunicaciones y la protección de los datos personales, la libertad de expresión y el derecho a recibir y comunicar información, así como los derechos a la presunción de inocencia y a la tutela judicial efectiva-; y, en todo caso, con la garantía de que solo la autoridad judicial podrá adoptar medidas que supongan la interrupción o restricción de servicio o la retirada de contenidos.