La negativa internauta se hace notar desde que ayer se presentara la nefasta solución de Zapatero contra las descargas. Según Nicolás García Rivas, catedrático de Derecho Penal, "el sistema explicado por el ministro parece ideado por un enemigo del Gobierno o, lo que es peor, por los asesores de las entidades gestoras de los derechos de autor". Entretanto, el director de la Coalición de Creadores, Joan Navarro, se ha felicitado por cómo marchan las cosas; sus declaraciones son bastante elocuentes: "conseguirá que más del 80% de las denuncias acaben con el desistimiento de la web denunciada y no hará falta la orden de cierre, y sólo en el 20% de los casos tendrá que intervenir el juez, es decir, el efecto sobre la piratería va a ser demoledor". Algún autor ya ha dejado su pincelada también: "El que quiera música en su boda tiene que pagar, como paga los langostinos", afirma Víctor Manuel.
Para Nicolas García Rivas -en un artículo de El Correo Digital- "el Gobierno ha decidido aplicar a estos casos el procedimiento de tutela de los derechos fundamentales, que nuestra legislación arbitra a los ciudadanos cuando un órgano administrativo lesiona sus derechos. En una pirueta jurídica de escaso recorrido (el Tribunal Constitucional lo derogará, a buen seguro), el Ejecutivo da la vuelta a la cuestión y sostiene que el propietario de los derechos de autor debe ser tutelado por el órgano judicial ante la conculcación de sus derechos ('fundamentales') por un particular".
Importante es la opinión de José Ramón Cháves García, magistrado precisamente de lo contencioso-administrativo: "No se trata de que exista o no una garantía judicial para adoptar una medida restrictiva, sino que se trata de que no debiera existir tal medida restrictiva"
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El interés por hacer una legislación que en la Unión Europea escasea llama poderosamente la atención. La Ministra de Cultura ni siquiera ha dado la cara (sólo hemos podido escucharla) para su despropósito. Con la norma que conoceremos el lunes, parecen pagarse viejas deudas contraídas por Zapatero. Confiamos en su inconstitucionalidad, en la reunión de Madrid y en evitar ver como un país prefiere resolver en cuatro días un cierre de web que un caso de malos tratos, una quiebra o una violación. Hasta ahí podíamos llegar.
