Las empresas de hosting que alberguen una página web denunciada ante la Comisión de Propiedad Intelectual serán las primeras que tendrán que ejecutar la orden de desconexión, dejando a su cliente sin servicio. Pero si la web no está alojada en territorio español, los operadores deberán bloquear el acceso, a nivel de enrutado o de resolución DNS, dos medidas que pueden superarse con facilidad, según explican los responsables de CDmon y Arsys.
Para las compañías de hosting, la modificación legal que prepara el Gobierno es "una intromisión en el sector". Se preguntan que ocurrirá cuando el juez no respalde la decisión de la Comisión y el cliente desconectado exija responsabilidades.
CDmon cuenta como actúan actualmente para cerrar una web: "El procedimiento de desactivación es sencillo: recibimos la orden judicial con el resultado de la sentencia e inmediatamente desactivamos la página e informamos al cliente sobre el proceso que nos hemos visto obligados a actuar […] En el caso de las empresas proveedoras de ADSL, ya no lo tengo tan claro, ya que mientras que nosotros somos los prestadores finales del servicio, las empresas de ADSL sólo son mensajeros y deberán instalar filtros intermedios que podrían llegar afectar el rendimiento de la red en sus clientes".
Si el servidor no está bajo jurisdicción española, se recurrirá a las operadoras para que bloqueen el acceso a la web. Esto puede hacerse a nivel de enrutado o a nivel de resolución DNS. Para Faustino Jiménez, director general de Arsys, se trata de "una chapuza desde el punto de vista técnico, una barrera fácilmente salvable por los que infringen la ley". Lo cierto es que en el caso de bloquear una IP, se dejaría fuera de servicio a todas las webs que la compartan, como ya ha ocurrido alguna vez. Para evitarse este problema puede recurrirse al bloqueo de la resolución DNS, fácilmente salvable con tan sólo cambiar los DNS. En cualquier caso siempre será posible acceder a ellas a través de un proxy o sistemas como el traductor de páginas web de Google.
