El Gobierno ha colado en la nueva Ley de Economía Sostenible, una modificación de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, que ampara legalmente la desconexión de "servicios de la sociedad de la información" para salvaguardar los derechos de propiedad intelectual. La nueva Comisión de Propiedad Intelectual dependiente del Ministerio de Cultura será el "órgano competente" para aplicar la ley.
Actualmente, el artículo 8 de la LSSI autoriza al órgano competente a interrumpir el servicio o retirar contenidos cuando se vulneran cuatro principios bastante excepcionales, que tienen que ver con la seguridad nacional, orden y salud pública, protección a los menores y otras razones genéricas. Ahora el gobierno introduce una quinta razón para desconectar a un "servicio de la sociedad de la información" o página web:
e) La salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual
A la vez introduce una nueva obligación para los prestadores, que pueden ser desde las operadoras de telecomunicaciones hasta el proveedor de hosting.
Los órganos competentes para la adopción de las medidas a que se refiere el apartado anterior, con el objeto de identificar al responsable del servicio de la sociedad de la información que está realizando la conducta presuntamente vulneradora, podrán requerir a los prestadores de servicios de la sociedad de la información la comunicación de los datos que permitan tal identificación a fin de que pueda comparecer en el procedimiento. Los prestadores estarán obligados a facilitar los datos de que dispongan.
Cultura ejecutará las desconexiones
La nueva ley también introduce una modificación en la Ley de Propiedad Intelectual, que otorga al Ministerio de Cultura "la salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual frente a su vulneración por los responsables de servicios de la sociedad de información". Lo hará a través de la Comisión de Propiedad Intelectual, un nuevo "órgano colegiado de ámbito nacional, para el ejercicio las funciones de mediación y arbitraje y de salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual". Estará formada por dos secciones. La primera se encargará de mediar entre las entidades de gestión y los distribuidores de contenidos cuando no se pongan de acuerdo para licenciar contenidos de forma legal. La segunda se erigirá como el "órgano competente" al que hace alusión el recién modificado artículo 8 de la LSSI.
