La CMT quiere dejar de ser el malo de la película cada vez que a un Ayuntamiento se le ocurre dar wifi gratis. Por eso propone modificar la legislación para eliminar las restricciones que pesan sobre las administraciones públicas a la hora de dar acceso gratuito a Internet.
Una de las misiones del regulador es vigilar que en el mercado existe competencia. Si la administración pública ofrece Internet sin coste, evidentemente nadie va a contratar su conexión con un proveedor de Internet, por lo que se daña la competencia. Sin embargo, esta situación es injusta en muchos casos, en los que el Ayuntamiento tan solo pretende cubrir la falta de interés de los operadores en dar servicio en zonas que no les son rentables.
La culpa de esta contradicción la tiene la Ley General de Telecomunicaciones que define las comunicaciones electrónicas como "servicios de interés general que se prestan en régimen de libre competencia" en vez de como como servicio público. El regulador tiene la obligación legal de sancionar a cualquier entidad que incumple la normativa. Por eso es frecuente que tenga que tomar medidas impopulares contra las redes wifi gratuitas.
Este no es plato de buen gusto para la CMT, como lo prueba la cuantía de las sanciones que pone por este concepto, de unos 2000 €, cuando se trata de una infracción grave. Es por eso que ahora plantea en una consulta pública que se regulen de forma específica este tipo de redes.
