Desde hace semana y media, el gobierno tiene sobre la mesa dos documentos que recogen el acuerdo alcanzado entre La Coalición y Redtel para frenar las descargas de material con derechos de autor en España.
Estos documentos parecen ser el origen de la multitud de informaciones publicadas la semana pasada por la prensa. Lamentablemente, en este asunto de vital importancia para la regulación de Internet en España, no se ha contado con los principales afectados, los internautas, así que para hacernos una idea aproximada de lo que está ocurriendo, tenemos que montar un puzzle con el goteo de información que se ha publicado estos días.
La ostentosidad de La Coalición, que ha filtrado estratégicamente la información –no tiene reparos en hablar con la prensa sobre las negociaciones–, contrasta con el secretismo de Redtel. Hasta ahora, las operadoras sólo han dado su opinión en los medios identificándose como 'fuentes del sector', pero en ningún caso han realizado comunicaciones oficiales como conjunto.
Hoy El Periódico, cataloga en cuatro los tipos de usuarios y webs contra las que se actuará:
- Los principales trackers y páginas de descarga directa, unos 70 sites (18 alojados en España, 37 en otros países y de los 15 restantes se desconoce su ubicación). Tras un primer aviso, las operadoras de Redtel interrumpirán el enrutado hacia los servidores.
- Los "primeros difusores", unos 4.500 usuarios responsables de que la mayoría de contenidos estén disponibles en la red. Tras tres advertencias serán desconectados durante hasta seis meses.
- Los "usuarios masivos", cifrados en 60.000 y definidos como quienes ponen a disposición de manera reiterada y permanente un número relevante de obras. Se les notificará cuando sean detectados. Se descarta el corte, pero se replanteará esta posibilidad si tras un año de vigencia del sistema no se han reducido las descargas un 70%.
- Los "usuarios comunes", aquellos que hacen lo mismo pero de forma esporádica y solo para su propio disfrute. Unos ocho millones de españoles. Se mantendrán al margen por el momento.
La pelota está ahora en el tejado del Gobierno, quien tendrá la siguiente palabra, que no la última. Esa la reservamos para un juez. Evidentemente un acuerdo con las características planteadas, podría no encajar ahora mismo con la legalidad vigente. Pero no olvidemos que en España no está regulado que la red deba ser neutral, por lo que respecta a los bloqueos, los operadores pueden hacer y deshacer en su red a su antojo –en virtud de un acuerdo privado La Coalición-Redtel, por ejemplo–.
