France Télécom, que opera en España bajo la marca Orange, está dispuesto a aplicar en España el llamado Modelo Sarkozy de restricción de las descargas por Internet para aquellos que se bajan música y películas protegidas por derechos de autor. Así lo señala el presidente mundial de France Télecom, Didier Lombard, en una entrevista. Por primera vez una operadora deja de ser tibia al respecto del P2P y muestra claramente su preferencia por la intervención de nuestros datos. Sus clientes deberían tomar nota. Telefónica es el único operador que ha afirmado negarse al filtrado P2P.
¿Cómo funciona el sistema francés?
La Alta Autoridad -un órgano independiente formado por magistrados- envía a los que descargan obras mensajes de advertencia por correo electrónico y, después, si hay reincidencia, una carta certificada, con el fin de garantizar que el interesado tiene constancia del comportamiento que se le reprocha. Tras esto, puede decidir, bajo control judicial, la interrupción temporal del abono a Internet, acompañada de la prohibición de volver a abonarse durante el mismo periodo. Entrará en vigor el próximo 1 de enero.
Su posible aplicación en España
Es complicado pero podría darse el caso. En 2006, poco después de aprobarse la polémica reforma de la Ley de Propiedad Intelectual (LPI), vio la luz la Ley 19/2006 por la que se amplían los medidas de tutela de los derechos de propiedad intelectual e industrial, dándole un nuevo redactado al artículo 138 de la LPI: "El titular de los derechos (…) podrá instar el cese de la actividad ilícita del infractor y exigir la indemnización de los daños materiales y morales causados (…). Asimismo, podrá solicitar con carácter previo la adopción de las medidas cautelares de protección urgente reguladas en el artículo 141." Éste, habla de suspensión.
El asunto es que si posteriormente, la sentencia es desfavorable, las medidas cautelares [3] provocan indemnización porque conllevan previamente el establecimiento de "una fianza para evitar daños" y "nadie quiere enfrentarse con los abogados de Telefónica", matiza el letrado Carlos Sánchez Almeida.
