25000 británicos han recibido en los últimos días requerimientos exigiendo el pago de alrededor de 500 libras por descargar contenidos protegidos. Un fallo del Tribunal Supremo ha permitido a varias compañías obtener de los ISP datos personales a partir de direcciones IP. Ahora, los afectados coordinan protestas utilizando el caso español Promusicae vs. Telefónica como ejemplo.
A principios de año, el Tribunal Supremo británico decidió que los ISP debían proporcionar datos de los clientes que intercambiaban archivos protegidos por derechos de autor a varias compañías de videojuegos para que pudiesen iniciar acciones legales contra ellos. Sus abogados entregaron una relación de IPs y solicitaron que se les proporcionaran datos como nombre, dirección y número de teléfono de cada unos de los abonados.
Estos datos están resultando ser un nuevo filón para varios bufetes de abogados que trabajan para la industria de contenidos. El método consiste en el envío de cartas por correo en las que se acusa al destinatario de intercambiar archivos ilegalmente y se solicita el pago de 500 libras en concepto de compensación. Si no se atiende la demanda, se advierte que se tomarán medidas legales que pueden suponer el pago de un importe muy superior.
En algunos casos el tema está llegando a ser esperpéntico. Según publica la BBC, la compañía alemana DigiProtect está enviando cartas acusando a los usuarios de descargar películas para adultos. La misiva suele llegar a las manos de algún familiar cercano y es muy fácil que desemboque en un conflicto familiar. Otros usuarios pagan directamente el importe solicitado bajo el miedo de que se haga publico que se les demanda por descargar pornografía.
Esta claro que una dirección IP no identifica a ninguna persona, ya que desde un domicilio varias personas pueden acceder a la red. Más complicado es localizar al autor si se comparte la conexión mediante wifi, este abierta o no. Es decir, es imposible identificar a la persona que está intercambiando material protegido si no se accede físicamente a su disco duro. La industria lo sabe, pero aún así ha decidido hacer caja asustando a los titulares de las IPs.
Esto ha levantado bastante indignación entre los internautas británicos. Desde TorrentFreak, se ha colgado un modelo de carta de protesta que los afectados están utilizando para pedir la intervención del ICO, la agencia de protección de datos británica ante lo que consideran una vulneración de la legislación sobre datos personales. En ella se pone como ejemplo el caso español, en el que la Asociación de Productores de Música Españoles exigía a Telefónica los datos personales correspondientes a un listado de IPs obtenidas de usuarios del programa Kazaa. El asunto llegó al Tribunal de Justicia Europeo, quien determinó que los ISP no tienen la obligación de identificar a los usuarios de P2P en procedimientos civiles.
